El consejo de administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) debatirá el próximo 4 de junio sobre el cese de Magnadela Álvarez como vicepresidenta del organismo, pero no se prevé que tome aún una decisión al respecto, confirmaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la agenda del BEI.
El debate sobre la posible destitución de Alvarez se abordará a petición de la delegación española y portuguesa, quienes propusieron su nombramiento en 2010, tal y como avanza hoy el diario 'El Mundo'.
La decisión definitiva del órgano de gobierno de la institución no se produciría hasta el consejo de administración siguiente, que se celebrará a principios de julio, si antes no ha presentado Alvarez su dimisión.
El presidente del BEI, Werner Hoyer, prevé tener listo para la próxima semana el informe del Comité de Etica del BEI sobre si Alvarez, al estar imputada en firme en España por un delito de malversación de fondos públicos por el fraude de los ERE en Andalucía, ha visto empañada su honorabilidad, lo que le impediría ejercer su cargo en el organismo, según indica el citado rotativo.
El Gobierno cree que Álvarez no podría ejercer ningún cargo directivo en el sector bancario en España en virtud de la nueva Ley sobre honorabilidad en el sector financiero, al estar investigada con carácter penal de un delito contra la Hacienda pública.
Clara Crespo, representante española en el consejo de administración del BEI y subdirectora general del Ministerio de Economía, pidió por carta al presidente de la institución un dictamen de los servicios jurídicos sobre los procedimientos internos para acordar el cese de Alvarez. A INICIATIVA DEL GOBIERNO. De esta manera, el Gobierno español decidía tomar la iniciativa tras la imputación de Alvarez por el caso de los ERE en Andalucía, después de que varios miembros del Ejecutivo, como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, o el ministro de Economía, Luis de Guindos, hayan apelado de forma reiterada a la responsabilidad de la exministra socialista.
En concreto, Crespo solicitó en la misiva aclaración sobre los requisitos para la adopción de los acuerdos por el Consejo de Administración y el Consejo de Gobernadores, así como sobre quién inicia el procedimiento, qué mayorías son necesarias para su aprobación y qué documentación hay que presentar.
Además, la representante española en el máximo órgano de gobierno del BEI pidió que se consulte a la Oficina de Conflictos para que se pronuncie sobre si existe un riesgo reputacional para el BEI en las actuales circunstancias.
Magdalena Alvarez asumió su cargo en el BEI en 2010 como parte de un acuerdo entre España y Portugal para rotar su representación en el Comité de Dirección de la institución. El mandato de Alvarez debería expirar en dos años, y de producirse su sustitución, el Gobierno tendría la opción de nombrar a otro representante español.
