Después de meses trabajando, los partidos políticos integrantes de la Comisión del Pacto de Toledo, donde se aborda la reforma de las pensiones, consiguieron ayer por fin un principio de acuerdo, precipitado después de la advertencia del Gobierno español de que acometerá los cambios el día 28 de enero haya o no propuesta de la misma, haya o no consenso con los sindicatos. Los mercados exigen respuestas rápidas y ha de ser rápida, por tanto, la que ofrezca el Ejecutivo para intentar aplacarlos.
El acuerdo inicial labrado por PSOE, PP, CiU, PNV y, por último, el Grupo Mixto y del que se descolgó el resto de partidos -BNG, Izquierda Unida y ERC- atañe a la ampliación del periodo de cálculo para la cuantía de las prestaciones y el establimiento de un sistema "más equitativo" de contribución de los trabajadores, mas la cuestión de alargar hasta los 67 años -ahora 65- la vida laboral se queda aún en el aire, aunque cabe pacto antes que acabe el año en curso.
El portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Tomás Burgos, aseguró que reconocer el esfuerzo contributivo de los trabajadores a lo largo de más años de su actividad laboral es "clave" para la reforma del sistema vigente de la Seguridad Social.
Explicó que cualquier modificación se hará con un criterio gradual -es decir, que si hay que ampliar los años para calcular la pensión, los adicionales no entrarán todos de golpe, sino pausadamente- y que los elementos de solidaridad del sistema están garantizados ya que seguirá habiendo, dijo, una pensión máxima y una pensión mínima.
El diputado popular recordó, en este sentido, que más del 30% de los ciudadanos accede a la jubilación anticipada "desde el desempleo", y, además, casi un 11% lo hace desde el subsidio para mayores de 52 años. Esto es, aseguró, una "lesión de derechos".
Pero algunos problemas afloran. Así, el grupo socialista ha remitido una propuesta sobre la reforma de las pensiones en la que no se define si la edad de jubilación debería ampliarse hasta 67 años. Es decir, que deja el asunto sin definir y, por tanto, la recomendación del Pacto de Toledo podría ser interpretada como quisiera por el Gobierno a la hora de abordar los cambios.
Sobre la cuestión, Tomás Burgos apuntó que el documento que firme la comisión no puede ser "abstracto, en el que pueda caber todo", sino que debe marcar un criterio que establezca qué es lo que no se puede hacer. Desde el punto de vista del PP, dijo, "no es elevar la edad a los 67 años".
La edad legal de jubilación "no hay que moverla", según agregó, sino que hay que actuar sobre los elementos que la diseñan, como es cambiar su régimen jurídico, frenar las jubilaciones anticipadas, elevar la edad mínima de acceso a este tipo de jubilaciones o modificar los criterios de acceso para que los ciudadanos puedan elegir su retirada del mercado de trabajo sin penalización cuando tienen largas carreras de cotización.
La edad legal es, sentenció, un "concepto obsoleto; hay que ir a un modelo mas flexible, donde el ciudadano tenga más derecho de decisión, ya que el Gobierno no es nadie para decir cuándo deben jubilarse los ciudadanos", aseveró el diputado popular.
El diputado popular, por otra parte, también reconoció avances "importantes" para cambiar la naturaleza jurídica de las mutuas de accidentes de trabajo con el fin de mejorar su gestión y transparencia dentro del Sistema de la Seguridad Social.
IU, ERC y BNG se desmarcaron del principio de acuerdo y anunciaron que presentarán diferentes votos particulares al informe. Consideran que ampliar el cómputo de años para calcular la pensión supone una rebaja de la prestación media de jubilación y no aceptan tampoco que la edad legal suba a 67 años.
La portavoz socialista en esta negociación, Isabel López i Chamosa, concretó que la recomendación alude a acercar la edad real de jubilación (en torno a los 63 años) a la actual edad legal (los 65 años), con una propuesta de incentivar la prolongación de la vida laboral.
Un texto respaldado por PSOE y por CiU pero que no ha recibido el apoyo del resto de partidos por considerarlo "confuso y ambiguo".
ESCOLLO. "El Pacto de Toledo no se puede trocear, lo que queremos es un gran acuerdo, bueno y completo y considero que desgraciadamente el aspecto de la edad de jubilación se ha convertido en un obstáculo que desmerece el esfuerzo para haber ahondado en lo que sí hay coincidencia", dijo Tomás Burgos.
Por su parte, el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, aseveró que si el Gobierno quiere un acuerdo sobre la edad de jubilación debe "alterar" sustancialmente el texto que ha presentado, ya que puede suponer una "coartada" para presentar un proyecto de ley que restrinja los derechos.
En el mismo sentido, el portavoz de ERC Joan Tardá justificó su voto particular en este sentido porque su partido "no está dispuesto a dar un cheque en blanco"."Nos quieren llevar al huerto. No hay nivel de concreción", puntualizó tras añadir que la edad legal de 65 años es un derecho conquistado que acabará "movilizando a los trabajadores y sindicatos", opinó.
Pero los socialistas fueron tajantes. "Me niego a que se ponga que no se puede tocar (la edad de jubilación)", señaló López i Chamosa. El PSOE no tiene "ningún problema" en reconocer en las recomendaciones que la edad legal está actualmente en 65 años, pero no quiere cerrar la puerta a la posibilidad de elevar este límite en el futuro.
¿Cómo se calcula el importe de la pensión en estos momentos? Es necesario haber cotizado durante, al menos, 15 años para tener derecho a pensión, de los cuales al menos 2 deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho (jubilarse). Su importe se fija en un porcentaje de la llamada base reguladora, en función del número de años cotizados. Ésta es, aproximadamente, el 86% de la media de los salarios de los últimos 15 años cotizados. El porcentaje que se aplica a la base reguladora es del 50% para 15 años, y se va incrementando un 3% cada año más de cotización. Hasta 25 años de cotización, que pasa a subir un 2% por cada año de más. Es decir, que con 25 años el porcentaje es el 80%, y desde los 35 años de cotización llega al 100%.
¿Qué efectos tiene ampliar el periodo? La ampliación de la base de cálculo mitigaría el impacto de perder el empleo en los últimos años de la vida laboral y evitaría que determinados colectivos que pueden decidir sus cotizaciones, como los autónomos, elevaran su aportación al Sistema de Seguridad Social en los últimos años para mejorar su pensión.
