La Junta de Andalucía espera recaudar con la implantación de un canon al uso urbano del agua unos 1.500 millones de euros para financiar la construcción de 300 depuradoras en zonas rurales de la comunidad, el principal objetivo expuesto en el borrador del Acuerdo Andaluz por el Agua.
Los datos los puso ayer sobre la mesa la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo. Esta cantidad recupera las previsiones de financiación que la Agencia Andaluza del Agua hizo públicas la pasada legislatura mientras redactaba el borrador de la Ley de Aguas, una norma que ha quedado pospuesta por el Ejecutivo autonómico al menos hasta el próximo año. En el mandato anterior, la Consejería de Medio Ambiente cifró en 2.500 millones las necesidades de financiación -de cara a ser cubiertas con el canon al agua-, de los que 1.200 millones, se dijo entonces, correspondían a infraestructuras de saneamiento y depuración, y el resto (1.300 millones), a la mejora de las infraestructuras hídricas.
Los 1.500 millones de euros planteados ahora por el departamento que dirige Cinta Castillo para la construcción de 300 depuradoras vendrían de la mano del canon del agua que ha vuelto a proponer esta legislatura el Gobierno autonómico en el borrador del Acuerdo Andaluz por el Agua, presentado hace dos semanas a los diferentes sectores implicados -sindicatos, regantes, empresarios, ecologistas, usuarios-. Este impuesto iría destinado a que en la comunidad se cobre un precio real por el agua, según marca la Directiva Marco de Aguas, de obligado cumplimiento para toda la UE en 2015.
En estos momentos, según datos de la Agencia Andaluza del Agua, el 83% de la población de la comunidad está dentro de un sistema adecuado de depuración -la que reside en núcleos urbanos medianos y grandes-, mientras que el resto de municipios no ha podido afrontar aún la construcción de depuradoras que fija la norma de la UE debido a la enorme inversión que esto supone.
