El nuevo impuesto al agua que la Junta, salvo sorpresa final, acordará con los agentes sociales el próximo viernes no afectará a los agricultores. Será un canon que gravará el uso doméstico, se implantará en cinco años y servirá para financiar un plan urgente de obras hidráulicas a corto plazo para cumplir la Directiva Marco de Aguas.
Después de tres meses de negociaciones con los agentes sociales (regantes, empresarios, sindicatos, ecologistas...), Medio Ambiente espera acordar en el pleno del Consejo Andaluz del Agua del 5 de diciembre el texto definitivo del Acuerdo Andaluz por el Agua. Tras esto, el documento se enviará al Consejo de Gobierno para su aprobación antes de fin de año. El Acuerdo sentará los cimientos para la futura Ley de Aguas, la herramienta jurídica que empleará la Junta para gestionar, por primera vez en su historia, todas las aguas de la comunidad después de que el 1 de enero se haga efectiva la transferencia de la cuenca del Guadalquivir.
Los agricultores estuvieron implicados en el canon al agua en el primer borrador del Acuerdo (en septiembre), con una tasa vinculada a las aguas subterráneas, y también en el segundo (de octubre), en uno de los dos impuestos que el documento planteaba. Sin embargo, el nuevo y definitivo texto de la Agencia Andaluza del Agua (del 28 de noviembre), si bien indica (artículo 84) que "todos los usuarios contribuirán a la financiación de los gastos de gestión del agua", sólo menciona el canon de infraestructura urbana de agua, circunscrito al uso doméstico.
Aunque ni el documento ni fuentes de la Agencia Andaluza del Agua son más explícitos, este canon tendrá "excepciones por causas extraordinarias", "homogeneizará las tarifas de uso urbano", penalizará el consumo excesivo y potenciará, a través de una línea de financiación con entidades financieras, créditos para la sustitución de contadores colectivos por individuales para "mejorar la eficiencia de las redes domésticas".
La Junta empleará lo que se recaude con este canon para financiar un plan urgente de infraestructuras hidráulicas, sobre todo en el ámbito rural (donde el 65% de los municipios depura mal sus aguas por este motivo), que permita a Andalucía cumplir en 2015 con la Directiva Marco de Aguas, que obliga a garantizar en esa fecha que el agua sea de calidad y que cada usuario pague el precio real del recurso. Las arcas públicas andaluzas necesitarán recaudar 1.500 millones de euros para financiar la construcción de 300 depuradoras.
