La Agencia Tributaria andaluza acometió en 2010 el primer estricto control del fraude al fisco, que consistió en apretar al contribuyente al máximo para evitar la evasión fiscal y la picaresca. Con ello logró que la recaudación final alcanzara los 2.000 millones de euros en ingresos tributarios, de los cuales la Junta atribuye un 20% al aumento del control y la prevención (frente al 11,9% que representa en el conjunto de las comunidades). Ese repunte en los ingresos en las arcas autonómicas de ese año no puede compararse con el ejercicio anterior. No es posible saber qué pellizco arrebató el fraude a Hacienda en 2009, según fuentes de la consejería, porque la Agencia Tributaria andaluza no existía entonces (tiene menos de un año de vida), y porque hasta ahora no se había hecho un seguimiento exhaustivo de la recaudación.
La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, explicó ayer que el fraude fiscal se concentraba sobre todo en la autoliquidación. El contribuyente está obligado a declarar cualquier transacción patrimonial -la compra o venta de un coche, una casa, una herencia, una finca, joyas de oro, etc-. No siempre se hace o a veces se declara un precio inferior al real para evadir la contrapartida fiscal. En 2010, Hacienda expurgó todas las declaraciones de la renta y movimientos patrimoniales, puso la lupa sobre las autoliquidaciones para que el contribuyente justificara hasta el último detalle. De este modo, dijo Aguayo, se lograron los 400 millones extra.
El ejemplo de la consejera sirvió para introducir el convenio que en breve firmarán la Agencia Tributaria andaluza y la estatal. Sólo hay tres comunidades más que tienen su propia Agencia Tributaria -Cataluña, Asturias y Baleares-, y Andalucía será la primera en cruzar datos con la estatal para prevenir el fraude al fisco. "Sólo en un año de trabajo hemos conseguido 400 millones de euros más de ingresos. La Agencia estatal cuenta con mucha más información que nosotros sobre los contribuyentes, y eso nos ayudará a prevenir el fraude", dijo Aguayo.
La consejera puso algunos ejemplos ilustrativos sobre aspectos que precisan de un mayor control: la reestructuración empresarial o fusiones afectadas por impuestos estatales; el control de capital mobiliario significativo (de más de 120.000 euros) o cuando los andaluces que heredan una finca o un piso en otra comunidad y no las declaran. Se trata de un patrimonio que la Agencia estatal controla, pero la Junta desconoce. También es llamativo el caso de la compraventa de oro. El mercado minoritario del oro, que debido a la crisis ha proliferado muchísimo, se considera una transacción patrimonial. De modo que Hacienda tendría que haber notado más ingresos si todas esas transacciones se hubieran declarado, pero no fue así. Aguayo los llamó situaciones "alegales, no visibles", que es un concepto que suele ir unido al de economía sumergida, igual que un trabajo no declarado por el que se perciben ingresos. "No hay datos oficiales sobre la economía sumergida en Andalucía, sólo estudios". Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que el empleo sumergido mueve en Andalucía 11.549 millones de euros, lo que supone un 14% del total nacional, cifrado en unos 82.500 millones de euros. El convenio también potencia el uso conjunto de servicios telemáticos.
