Hay una huelga de jueces convocada para el 18 de febrero y nadie se pone de acuerdo sobre si los magistrados tienen derecho a parar su trabajo como forma de protesta o no. El CGPJ celebrará un pleno extraordinario el jueves para estudiarlo.
En caso de que su conclusión sea positiva, el Poder Judicial pasará a decidir qué organismo debería ser el encargado de establecer los servicios mínimos. La sesión extraordinaria responde, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, a sendos escritos remitidos por las asambleas de jueces celebradas el pasado día 21 en Tarragona y Las Palmas de Gran Canaria, en donde los asistentes decidieron respaldar un paro el próximo 18 de febrero.
En estos escritos se pregunta al Consejo cuáles deben ser los servicios mínimos a cumplir, al considerarse que debe ser el CGPJ el encargado de fijar estos criterios. Si, por el contrario, se decide que los jueces carecen del derecho a la huelga, tal y como se sostiene desde el Gobierno, aquellos que la secunden podrían incurrir en infracción disciplinaria y ser sancionados. Dicha sanción, cuya gravedad no se ha especificado por el momento, sería, en todo caso, recurrible ante el Tribunal Supremo.
La convocatoria de huelga es respaldada, por el momento, por un 20% de la carrera judicial, que votó a favor de ella en las diferentes juntas celebradas el 21 de enero en prácticamente todos los órganos judiciales españoles, a las que se sumaron el pasado viernes dos de las cuatro asociaciones de jueces que actúan como interlocutoras de este colectivo ante el Ministerio de Justicia.
Se trata de la segunda asociación más fuerte por número de afiliados, la Francisco de Vitoria (FdV), y la minoritaria Foro Judicial Independiente (FJI), que rompieron de este modo con la coordinadora interasociativa que mantenía las negociaciones con el ministerio.
Precisamente ayer, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) cargó contra esas dos asociaciones. APM les acusó de tener intereses propios, haber "repudiado la unidad judicial" y de haber "defraudado la aspiración de los españoles".
"Es una pérdida colectiva, que en modo alguno se justifica por las aspiraciones de influencia institucional que puedan tenerse o por las lógicas y legítimas pretensiones de incremento del grado de representación profesional", denunció la APM a través de un comunicado en el que lamentó "sentida y profundamente" la declaración de huelga por parte de las dos asociaciones.
"El anuncio se desdice del compromiso que voluntariamente redactaron, firmaron y divulgaron en todos los medios de comunicación hace escasos días", dijo la agrupación.
