El que fuera chófer del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, principal acusado en el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), cobró una tercera ayuda de forma irregular del fondo para empresas en crisis de 450.000 euros. Un cantidad, que unida a los 900.000 euros que ya se conocían, implica que Juan Francisco Trujillo recibió un total de 1.350.000 euros que, según él mismo ha reconocido ante la Policía destinó en gran parte a "comprar cocaína" para él y para su jefe. Un asunto que ya está en manos de la jueza Mercedes Alaya, a quien la Junta de Andalucía le ha vuelto a solicitar que tome medidas cautelares contras diversas empresas de la Sierra Norte de Sevilla, principales beneficiadas por estas ayudas, ante "dudosos" movimientos societarios en las mismas, como cambios de nombre o de titulares.
El PP explicó ayer en rueda de prensa que Trujillo -que según fuentes del Gobierno fue despedido hace dos años después de que se le abriera un expediente por su conducta en el trabajo- firmó los tres convenios de colaboración el mismo día, concretamente el 16 de febrero de 2004. Los dos que ya se conocían están a su nombre y se destinan a las empresas Iniciativas Turísticas Sierra Morena y Lógica Estratégica Empresarial, mientras que en el tercer convenio, que tiene por objeto ayudar a la empresa Ave Nueva (dedicada a la agricultura), consta a nombre de Isidoro Ruz Espigares.
La portavoz regional del PP-A, Rosario Soto, aseguró que esta empresa no se constituyó "hasta dos meses después". Además, según consta en los informes policiales, a los que ha tenido acceso este periódico, el exchófer de Guerrero "es administrador único" de esta entidad, contando Ruz como "autorizado" en dos de las seis cuentas que constan a nombre de esta empresa.
En la documentación que consta en la investigación, que estaba dirigiendo dos juzgados de Ándujar pero que desde el 23 de diciembre está en manos de Alaya, a nombre de esta sociedad constaba una extensa finca de olivar en Torredelcampo (Jaén), conocida como Paraje Paleta Alta, que el exchófer vendió el pasado 22 de noviembre, lo que le permitió cancelar una hipoteca de más de 177.000 euros sobre estos terrenos.
El PP aseguró ayer que no tienen constancia de que Trujillo pusiera en marcha la granja para la que recibió la ayuda. Lo mismo ocurrió con las otras dos empresas, pues los convenios se firmaron para crear empleo, pero según la Policía "nunca se contrató a nadie".
Por otro lado, la Junta ha remitido un escrito a la jueza Alaya en el que le reclama de nuevo la adopción de medidas cautelares contra empresas de la Sierra Norte, todas cercanas al entorno de Guerrero, alertando de posibles "movimientos dudosos" como "cambio en la denominación de la sociedad o el cese y el nombramiento de administradores". En el documento, le especifica algunos de estos cambios en estas empresas que recibieron ayudas de forma irregular, solicitando que declaren como imputados los implicados y la imposición de fianzas para asegurar "las posibles responsabilidades".
La madre de Trujillo es una de las intrusas en los ERE
Las subvenciones cobradas de forma irregular por el exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, fueron destapadas por una investigación de la Agencia Tributaria que puso en conocimiento los hechos en los juzgados de Andújar, donde se abrieron dos investigaciones en las que se le imputó por delitos contra la Hacienda Pública y fraude en subvenciones.
Pero esta no es la única causa en la que Trujillo está implicado, pues la Policía Judicial ya le tomó declaración como imputado por un delito de tráfico de influencias en la trama de los ERE al descubrir que una de las pólizas estaba a nombre de la madre de éste. La mujer, Estrella Blanco, también fue detenida e imputada por tráfico de influencia. El exchófer de Guerrero admitió en su declaración policial que fue su jefe el que le ofreció la póliza cuando le contó "sus problemas económicos", asegurándole que "le iba a intentar solucionar el problema". Una semana después el ex alto cargo le llamó "para que le diera le cuenta de una persona mayor y su DNI", dándole el de la madre. Al mes firmó el documento con la aseguradora Fortia Vida. La madre del exchófer le explicó a la Policía que ella "no cobró ningún dinero", sino que fue su hijo el que le pidió el número de cuenta para ingresar un dinero "que no le dijo de dónde provenía". La mujer aseguró que no recuerda cómo sacaba el dinero, según su declaración, porque "unas veces le acompañaba su hijo" y otras veces era ella la que lo extraía después de que él le indicara la cantidad que deseaba.
