La presidenta de la Junta, Susana Díaz, junto al vicepresidente Diego Valderas, en una sesión de control. / El Correo
El Parlamento andaluz tiene previsto aprobar este miércoles la ley de transparencia, uno de los proyectos estrella del Gobierno y dentro del pacto de PSOE e IU. A pesar de que el PP no votó en contra de su tramitación, finalmente no se sabe si el grupo mayoritario de la Cámara va a apoyar el proyecto, aunque han emplazado a buscar un acuerdo hasta el último minuto para lograr que la norma salga con unanimidad. Se han discutido más de un centenar de enmiendas. El PP registró 90, el PSOE 21 e IU 19.
Rafael Salas, diputado del PP andaluz, asegura que «hasta ahora los dos grupos políticos y el Gobierno no han cumplido su palabra». «Nos abstuvimos porque dijeron que nos íbamos a reunir y ni una llamada.Esto dice mucho de la actitud del diálogo para sacar la norma», añade. La principal diferencia está en la regulación del buen gobierno y los altos cargos, que sí incluye la ley estatal y que la Junta ha apartado en Andalucía con la promesa de que se aprobará una norma específica sobre este asunto. El PP quiere, al menos, ver el «esqueleto» de este código ético para los altos cargos. Esperan ser convocados a una reunión antes del miércoles, cuando está previsto que se apruebe la ley. «La norma andaluza no va más allá de la estatal, se queda a la mitad», asegura Salas. «Todavía queda tiempo para el diálogo», apunta el PP, convencidos de que «IU está en la República y los socialistas enfrascados en quien va a mandar en el PSOE». «IU se pronunció al principio a favor de la regulación de los altos cargos públicamente. Dijeron que veían muy bien nuestras enmiendas en ese sentido y luego apoyaron que se hiciera en otra norma», recuerda Salas.
De las 90 enmiendas del PP, se han aprobado cuatro. Las enmiendas de la oposición se dividen en cuatro bloques. Piden más información pública de la administración, las empresas públicas, los altos cargos y el personal eventual. Otro bloque está referido al buen gobierno. Un tercero defiende la autonomía local y denuncia que la ley es «intervencionista» con los ayuntamientos el PP gobierna en todas las capitales. Quieren que los consistorios no se regulen en la norma autonómica. Por último, reclaman que el Consejo de Transparencia, que vigilará el cumplimiento de la ley, no se apruebe por mayoría absoluta, como está previsto, sino cualificada, lo que obligaría, en la actual composición de la Cámara, a tener el voto a favor del PP.
El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, siempre ha mostrado interés porque la ley de transparencia se apruebe por unanimidad. Todas las enmiendas aprobadas del PSOE son cuestiones técnicas por indicación de los letrados del Parlamento. La socialista Verónica Pérez ha sido la ponente de una norma que considera como «la más importante que se va a aprobar en toda la legislatura» y que supondrá «una revolución» en la forma de relacionarse los ciudadanos y las administraciones públicas. Pérez insiste en que todo lo que se refiere al buen gobierno que regulará un código ético y de conducta para los altos cargos y empleados públicos se incluirá en una ley específica de la que en «los próximos días» el Gobierno andaluz tendrá un borrador. Asegura que si el PP necesita una reunión para sumarse al acuerdo, se convocará. Desde IU, su portavoz parlamentario, José Antonio Castro, se muestra «muy satisfecho» con la tramitación. De las 19 enmiendas de este grupo, se han admitido 17, con el apoyo de PSOE o del PP. Han regulado que se garantice la gratuidad en el acceso a la información de la administración, más allá de tasas y precios públicos. Han reforzado que la Iglesia esté sujeta a la norma y han incorporado al Defensor y a la Cámara de Cuentas en el Consejo de Transparencia.
Ésta será la primera ley incluida en el pacto PSOE e IU aprobada. Hay 28 comprometidas. Ha sido una de las normas abanderadas directamente por la presidenta Susana Díaz, que ha defendido que es clave para «recuperar la confianza y el crédito ante los ciudadanos». Se vende como una medicina frente a la desafección política. La norma obliga a las administraciones e instituciones que se financien con fondos públicos a rendir cuentas ante los ciudadanos en un plazo de 20 días desde que solicite una información. Se prevén sanciones de 100 hasta 400.000 euros para quienes bloqueen la rendición de cuentas y cese e inhabilitación en el cargo por tres años. Los datos deberán estar en Internet con publicación trimestral. Se trata de saber dónde va el dinero público. Su aplicación no será inminente. Entrará en vigor un año después de su publicación en el BOJA. Se incluye a Iglesia, hospitales y colegios concertados. Un Consejo de Transparencia y Protección de Datos velará por la norma. Su director, «independiente», designado por la Cámara, será el único que cobrará. En la ley nacional este nombramiento se lo reserva el Gobierno. El resto de miembros, hasta 14, representarán a colectivos sociales. Una Comisión Consultiva de Subvenciones y Ayudas resolverá dudas y sus resoluciones serán públicas.
La norma estatal La norma estatal, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, fue aprobada definitivamente por el Congreso el 28 de noviembre. Tuvo el rechazo de PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el grupo mixto. Tras una tramitación de más de un año, fueron incapaces de llegar al consenso.
La norma andaluza salió del Consejo de Gobierno en febrero.Deja al margen la regulación del buen gobierno y otro asunto polémico, la financiación de los partidos. Esto lo abordarán, insisten, en la reforma de la ley de la Cámara de Cuentas, que los obligará a que desvelen sus cuentas y a informar de contratos y subvenciones públicas. ONGs como Transparencia Internacional creen este tema crucial y piden además que se obligue a eliminar de las listas electorales a los procesados por corrupción y que los partidos rindan cuentas en internet.Reclaman el fin de la libre designación en la administración y más claridad en el sector público.
