El Pleno del Congreso aprobó ayer, sin el apoyo del Partido Popular, IU-ERC-ICV y UPyD, la reforma de la ley de extranjería, con la que se endurece la norma al recoger, entre otras novedades, la ampliación de 40 a 60 días del plazo máximo que un extranjero puede ser retenido en un centro mientras se tramita su expulsión y la restricción de la reagrupación familiar al cónyuge e hijos.
Además, en el nuevo texto se permite a las ONG y a las entidades privadas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y regula la situación de las víctimas de trata sexual o de los malos tratos. Durante el debate parlamentario del proyecto, que ahora pasará al Senado, el PP anunció que reformará la citada ley en cuanto tenga la ocasión.
Finalmente, de las 732 enmiendas presentadas por los grupos, sin contar con la devolución a la totalidad planteada en su momento por PP, PNV y ERC-IU-ICV, el Congreso aceptó casi 300. Junto al rechazo del PP, IU-ERC-ICV y Unión, Progreso y Democracia -éste último por opinar que se restringen los derechos del inmigrante-, el BNG se abstuvo, mientras que el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, Convergencia i Unió y el PSOE respaldaron la norma.
La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, que acudió al Pleno, afirmó que la ley es "moderna, integradora, que apuesta por la integración y refuerza la eficacia de la lucha contra la inmigración clandestina".
Esta reforma ha caído como un jarro de agua fría entre las ONG. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cáritas, la Red Acoge y Amnistía Internacional (AI) expresaron su preocupación ante la reforma porque, dijeron, incluye importantes restricciones que afectarán gravemente a las personas inmigrantes que viven en España.
