R. Velis / J. Alonso
Entre la sentencia pionera por el robo de la Joyería Román a la resolución, también sin precedentes, que considera irregulares las vías compartidas por peatones y bicis ha habido más de seis procesos judiciales contrarios a los intereses judiciales que han bloqueado planes tan simbólicos como Tablada o la mezquita.
En sólo un año, el Ayuntamiento se ha visto obligado a afrontar sentencias -la mayoría del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía- que han desmontado sus planes o que no sólo han sancionado sus actuaciones, sino que le han dejado ante escenarios jurídicos prácticamente sin precedentes. Este panorama comenzó a trazarse nada más comenzar el año cuando se encontró sobre la mesa con un fallo que le condenaba a pagar medio millón de euros a una joyería por un robo cometido hace siete años. El motivo, "el servicio público funcionó anormalmente". La alarma del comercio sonó y dos agentes acudieron, pero tras una inspección "somera" se marcharon sin más. El Consistorio fue condenado a pagar la mitad del botín.
Poco después llegó otra indemnización, la mayor impuesta en España por un caso de estas características. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 condenó al Ayuntamiento a pagar 24.000 euros a una vecina por las molestias que había soportado por las botellonas. Según el fallo, el Consistorio incurrió en una dejación de funciones por no intervenir.
Los servicios municipales han sido objeto de varios de estos procesos -a los que habría que sumar las sentencias contra varios nombramientos como los del Instituto del Taxi o la dirección del Plan de Movilidad a instancias de procesos iniciados por sindicatos-. El último ha sido el de los bomberos. El TSJA ha anulado las últimas oposiciones al considerar que se aplicaba un criterior "discriminatorio". El resultado ha sido 38 bomberos que llevan casi un año trabajando a punto de perder sus plazas y un complejo proceso jurídico.
Pero ha habido otros. Y recientes. A finales de noviembre, el Tribunal Supremo ratificó otra sentencia del TSJA contra la decisión municipal de ceder la grúa a la empresa municipal Aussa. Pese al recurso de casación planteado por Tussam, el fallo tilda la operación de "ilegal". Tampocó avaló el Alto Tribunal Andaluz los planes de actuación de Lipasam. En junio se anuló la postestad de sus trabajadores para seguir multando como agentes de la autoridad, otorgada por una ordenanza municipal aprobada en 2003 y que fue recurrida por el Sindicato Profesional de Policías. Hasta esa fecha, la empresa de limpieza había interpuesto 479 multas por infracciones.
Pero ha sido en este segundo semestre del año cuando los fallos del TSJA han llegado a los proyectos más simbólicos del Gobierno local, lo que ha supuesto un desgaste para el Consistorio. En julio, el Tribunal Superior de Justicia obligó al Ayuntamiento a reiniciar el proceso de expropiación de Tablada iniciado hace ya más de un lustro. Un fallo vinculado a la falta de definición de los usos que tendrían las 360 hectáreas. Tras el verano, en otro proceso sin precedentes, no sólo se frenó la construcción de la mezquita, sino que se tildó la actuación municipal de "verdadero fraude urbanístico". El fallo ha obligado a replantear todas las cesiones de suelos para cualquier tipo de confesión.
Y el broche final lo ha puesto la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas. El TSJA ha respaldado una parte de la normativa: la restricción de la circulación de vehículos por el Centro. Pero ha tumbado la convivencia entre bicicletas y peatones diseñadas en la normativa al considerar que vulneran la Ley de Tráfico. Se anularon las vías de uso compatible y acciones como amarrar bicis en árboles.
En muchos de estos casos -desde el fallo de la joyería Román hasta la resolución sobre la ordenanza de peatones-, el Consistorio ha anunciado recursos, sin que hasta ahora hayan dado resultado.
