El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, participó en una entrevista televisiva en la que fue requerido para que diera su opinión sobre los vaivenes que ha dado el caso de Marta del Castillo por los continuos cambios de declaración de los presuntos implicados en el crimen de la joven.
El ministro defendió el derecho de los imputados a mentir, recordó que el sistema ampara esta posibilidad de falsificar la realidad y lo enmarcó en la garantía de cualquier ciudadano a no colaborar en un proceso perjudicial para sus intereses. En realidad, no existe en puridad ese supuesto derecho a mentir. Lo que hay es una deducción implícita de que el derecho a no declarar o a no colaborar con una investigación abarca también la posibilidad de que se haga una manifestación falsa sin que ello acarree un castigo, como puede ser el caso de los imputados por el crimen de Marta.
Pero que nuestro Estado de Derecho, a diferencia de otros países, dé cobertura a estas mentiras (y eso es algo que incluso algunos constitucionalistas discuten que fuera avalado por el Tribunal Constitucional) no significa que esta posibilidad no sea susceptible de crítica. Es más, resulta hasta natural que la opinión pública se indigne ante el espectáculo torticero de unos jóvenes que cambian una y otra vez de versión para impedir el esclarecimiento de lo ocurrido. ¿De verdad que hay que considerar como derecho lo que, en apariencia, no es más que el uso cínico de la posibilidad de mentir?
Fruto de la rabia por lo sucedido, un determinado sector de la opinión pública ha reclamado la implantación de la cadena perpetua, una opción que nos parece equivocada porque ni evitaría más muertes violentas ni recoge el espíritu de una Constitución que promueve la reinserción de los condenados. Pero este derecho a mentir de los imputados es algo bien distinto. Al menos, debería debatirse la posibilidad de imponer un castigo para unas acciones que no deberían tener el amparo del sistema judicial.
