Contra esta situación, que según reconocen las ONG no es exclusiva de Andalucía sino generalizada en España, las asociaciones celebrarán esta tarde en Sevilla una concentración de protesta bajo el lema Contra la violencia institucional hacia los inmigrantes y actualmente están reuniendo los casos detectados en las distintas provincias para elaborar un informe.
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, abrirá una queja de oficio para investigar la posible "persecución, detención ilegal y maltrato" de personas inmigrantes por parte de algunos miembros de la policía y pidió a los agentes que "controlen a los compañeros que no cumplan la ley". Chamizo reconoció que estas situaciones "no son nuevas" ya que de manera "continua" llegan a la institución quejas de inmigrantes sobre el presunto "maltrato" sufrido por parte de agentes policiales. El año pasado, el Defensor recibió 25 quejas por expulsiones y siete por incidentes y malos tratos.
Pero las ONG sí han detectado un recrudecimiento de la persecución a los inmigrantes desde hace un año y alertan de que los agentes cumplen órdenes "formales o informales" de los ayuntamientos, en el caso de la Policía Local, o del Ministerio de Interior, en el de la Nacional. Para Isabel Mora, la causa está en que "al inmigrante se le considera útil o inútil" y si hace dos años "todo era interculturalidad", en la situación económica actual "los políticos lanzan otro mensaje, que cala en el ciudadano de a pie" centrado en el coste de la inmigración y en la competencia que representan en el mercado laboral.
Hace un año, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) hizo pública una circular emitida en Madrid que dictaba la detención "preventiva" de cualquier inmigrante que, aún estando en situación regular, no pudiera acreditarlo con la documentación correspondiente en el momento en el que le fuera solicitada. Sin embargo, el responsable del sindicato en Andalucía, Manuel Espino, dijo desconocer que exista una instrucción similar en la comunidad.
Espino explicó que el reparto de patrullas se hace de manera equilibrada por distritos y sectores salvo que por "motivos puntuales, como una botellona, se intensifique la vigilancia en una zona", pero negó que se patrulle más en los barrios con más población inmigrante. Señaló que las estaciones de autobuses y trenes sí son centros habituales de vigilancia y control policial porque son lugares de mucho tránsito y donde también suelen concentrarse actividades delictivas como la venta de droga, mientras que en los locutorios se despliegan efectivos no visibles más vinculados a la lucha antiterrorista. El responsable del SUP defiende que el control de identificación es legal cuando hay sospechas de delito como la posesión de droga para la venta, la tenencia ilícita de armas o la estancia irregular en el país. "Si al paso de la Policía alguien echa a correr o agacha la cabeza puede ser un indicio", relata.
Pero desde Pro Derechos Humanos dejan claro que la estancia irregular en un país no es un delito sino una falta administrativa que debe ser castigada con multa y no conlleva detención, aunque sí es posible el ingreso en los centros de internamiento de extranjeros, rechazados por las ONG y el Defensor.
El proceder que lleva a las ONG a hablar de "caza de inmigrantes" es el hecho de que en estaciones de autobuses los agentes se dirijan directamente a pedir la documentación sólo a los ciudadanos "de determinado color o rasgos faciales"; que se hagan controles masivos de identificación sólo en los barrios donde residen más inmigrantes sin que se haya registrado episodio delictivo alguno o en los negocios regentados por extranjeros y a la salida de las mezquitas; y que se detenga a inmigrantes porque llevan una mochila cargada de CD sin que ni siquiera se demuestre que los van a vender en el top manta, actividad que además en un mes no será delito sino falta por la reforma del Código Penal.
