En su informe anual, Chamizo insta a la Dirección General de Infancia y Familias de la Junta a elaborar un "programa de intervención especializado" ante "la novedad de la participación de menores de tan corta edad" en delitos y reclama que se haga con la coordinación de las Consejerías de Igualdad, Salud y Educación y en colaboración con la Fiscalía y los Juzgados de Menores.
A su juicio, es esta falta de coordinación entre administraciones con competencias en menores la que provoca la contradicción de que la ley prevea el derecho de los niños a la reeducación pero no haya programas para ello.
Una de las disfunciones sobre las que alerta radica en que la detección de una situación de riesgo, incluyendo las conductas antisociales del menor, y la intervención en su entorno compete a los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos pero si procede separarle de su familia interviene la Junta.
En la práctica, cuando hay menores de 14 años implicados en delitos, el fiscal se dirige al servicio de protección de la Junta y éste solicita informes del niño y su entorno a los servicios sociales municipales, informes que según constata el Defensor rara vez determinan la separación de su entorno "por las propias circunstancias de la familia". Sin esa separación, la competencia para trabajar con el niño es de los ayuntamientos pero, a juicio de Chamizo, estos menores requieren unas "prestaciones muy especializadas" que exceden sus posibilidades.
Por ello, reclama a la Junta dispositivos específicos que permitan activar, tan pronto lo solicite la Fiscalía, un "programa educativo-social de intervención" con un "seguimiento posterior de su evolución". Para el Defensor, es preciso dotar a esa intervención de "inmediatez y especificidad", pues por un lado es "clave para nuestro sistema de responsabilidad penal de menores" y al mismo tiempo "disipa los recelos de la ciudadanía respecto de la aparente inacción de las administraciones ante hechos delictivos cuyos autores son inimputables" que dan lugar a debates sobre rebajar la edad penal ante casos que generan gran alarma social.
Chamizo subraya en su informe que la Consejería de Igualdad sería la encargada de valorar qué menores requieren someterse a estos programas y qué medidas adoptar, pero "resulta ineludible la actuación coordinada con los dispositivos de salud mental infanto-juvenil", que tratan trastornos de conducta y pueden tener antecedentes sobre ellos, así como trabajar conjuntamente con los profesores del niño, ya que están en edad de escolarización obligatoria.
