Ambas partes están dispuestas a llegar hasta el final. Los unos, para que el río no se drague bajo ningún concepto. Los otros, para que esa intervención se haga “con las medidas correctoras que están previstas”. Ecologistas y científicos frente a Autoridad Portuaria y empresas. Éstas últimas tienen puestas todas sus esperanzas de mejora económica en la ejecución del dragado del río (con el fin de aumentar su calado de 6 a algo más de 8 metros de profundidad).
Porque en el caso de que el Ministerio de Medio Ambiente decida alinearse con la postura de la comisión científica que ha pedido que se “desestime definitivamente” el dragado del río, la situación sería la que sigue: Sevilla y su Puerto tendrían una gigantesca infraestructura para acoger la llegada de buques más grandes que, sin embargo, no podrían llegar ya que el calado del río no lo permitiría.
Y esto se traduce en números (recogidos en la memoria de la Autoridad Portuaria ya en 2009): 383 millones de euros comprometidos por medio centenar de empresas, 17.000 puestos de trabajo y ventas por valor de 3.200 millones. Desde el Puerto se recalca una idea: que las medidas no son por el bien de éste, sino de “Sevilla y su área de influencia”.
En el lado opuesto, ecologistas y científicos no ponen números sino “evidencias” tales como que el estuario y, por extensión, Doñana están al borde del “colapso” y que un dragado como el que prevé el Puerto supondría su “muerte” definitiva.
Unos y otros esgrimen los mismos informes científicos pero con interpretaciones bien distintas. El Puerto sostiene que el estudio del CSIC –redactado después de casi tres años de mediciones en el río (70 millones de datos) para comprobar cómo se comporta éste ante un dragado, si aumenta o no la salinidad y si es la causa directa de la turbidez de las aguas– “aconseja” que se drague. “Un dragado del canal de navegación no cambia sustancialmente la amplitud de la marea en el estuario, reduce su asimetría vertical, la velocidad y las fuerzas turbulentas en el fondo”. Este párrafo es literalmente reproducido por el Puerto en su voto particular contra el dictamen de la comisión que se opone al dragado, adelantado por este periódico. El CSIC llama la atención, eso sí, sobre la situación de las márgenes, que habría que proteger. “Y tenemos dinero ya para ello”, apuntan desde el Puerto.
La comisión científica que exige al Ministerio de Medio Ambiente que no autorice la intervención asegura, por contra, que “el dragado no es recomendable en la situación actual por repercutir negativamente en la dinámica, morfología y biodiversidad del estuario y, por lo tanto, de Doñana, por lo que recomendamos que se desestime definitivamente”. Y apostilla que el dragado “se ha demostrado incompatible con la conservación del estuario”.
¿Qué pasará a partir de ahora? El ministerio tendrá que pronunciarse sobre el proyecto, pero las partes ya están tomando posiciones. El Puerto amenaza con ir a los tribunales por haberse hecho un dictamen sin reunión alguna, y los ecologistas remitirán toda la documentación a la Unión Europea para conseguir que sea ella quien pare el dragado mediante la retirada del dinero concedido.
El Puerto es una de las principales fuentes económicas de la ciudad. Valga un dato: a su actividad están ligados 15.000 empleos. Pero las empresas del entorno y los partidos políticos han pasado de puntillas por la polémica que se ha desatado al conocerse el dictamen del comité científico. El candidato del PP, Juan Ignacio Zoido, no se ha pronunciado; el del PSOE, Juan Espadas, ha optado por la cautela; Izquierda Unida, ídem... Y las fuerzas empresariales (CES, Cámara de Comercio, etc) tampoco se han manifestado. Sólo el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, ha dicho que, como miembro del consejo, “esperará” a que le llegue el informe “oficialmente”.
