Mañana el Consejo de Ministros aprobará sí o sí un plan contra la economía sumergida, una actividad a la que los técnicos del Ministerio de Hacienda agrupados en el sindicato Gestha se atreven a poner cifras y que, en el caso de la provincia de Sevilla, se traduce en casi 7.000 millones de euros generados sin control fiscal alguno, cifra equivalente al 20,4% del Producto Interior Bruto (PIB) -una quinta parte- de la economía sevillana.
De esos 6.933,12 millones de euros, para ser exactos en los que Gestha estima la economía irregular, 2.342 millones correspondieron al fraude laboral, esto es, a quienes trabajan sin estar dados de alta ni cotizar en la Seguridad Social y que, por tanto, escapan tanto a su control como al de Hacienda.
Gestha calcula que el empleo sumergido representa el 8,4% del PIB regional y supera los 11.500 millones de euros en Andalucía anualmente, mientras que el dinero generado por vías irregulares ascendió a 34.181 millones, esto es, uno de cada cuatro euros de la economía andaluza no está declarado.
A nivel nacional la cifra estimada de fraude laboral se eleva hasta los 82.500 millones de euros, equivalente al 8% del PIB del país, que arrastra una tasa de economía sumergida que supone actualmente el 23,3% del PIB, casi 245.000 millones de euros al año, de los que dos tercios proceden del fraude fiscal (161.647).
A raíz de la inminente aprobación del real decreto ley para el afloramiento y control del empleo sumergido, los técnicos de Hacienda consideran que la implantación de unas políticas adecuadas que redujeran en diez puntos la tasa de fraude en Andalucía, de modo que se colocara en el nivel de los países europeos más desarrollados, permitiría recaudar cada año casi 1.800 millones de euros adicionales provenientes de las cuotas a la Seguridad Social, cifra que se elevaría hasta los 13.000 millones en el conjunto nacional.
Si entramos en el detalle por provincias, Sevilla es la que concentra mayor volumen de empleo sumergido (estimado en 2.342 millones anuales), seguida de Málaga (2.070 millones) y Cádiz (1.801 millones). Les siguen Granada (1.298 millones), Almería (1.146 millones), Córdoba (1.111 millones), Huelva (964 millones) y Jaén (813 millones).
Al mirar el mapa de España, el colectivo recalca que los mercados laborales que esconden más empleo irregular son Cataluña (28.937 millones de euros), Madrid (12.351 millones), Andalucía (11.549 millones), Comunidad Valenciana (8.347 millones), Galicia (4.702 millones) y Castilla y León (4.612 millones).
Por otro lado, los técnicos de Hacienda señalan que otra muestra del alcance del empleo no declarado en el conjunto de la economía sumergida es el elevado número de irregularidades descubiertas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que en 1,2 millones de actuaciones realizadas en 2010 registraron casi 100.000 infracciones en acta.
En total, las sanciones derivadas de estas actuaciones rondaron los 250 millones de euros anuales y afectaron a más de 570.000 trabajadores.
Ante esta situación, proponen un plan "más ambicioso" que incluya medidas específicas contra el fraude tributario, ya que "para mantener los empleos irregulares las empresas necesitan disponer de dinero negro para pagar al trabajador".
Listo el plan para aflorar el trabajo irregular
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, aseguró ayer que el Gobierno mantiene "su disposición" a aprobar el plan para aflorar empleo oculto en el Consejo de Ministros de hoy a través de un real decreto ley, al subrayar que estas medidas no se incluyeron en la "agenda del diálogo social" y que se deben tomar "pronto" para aprovechar la coyuntura económica.
"A la vista de las propuesta y las objeciones del plan [por los agentes sociales], el Gobierno tomará sus decisiones y remitirá el proyecto de ley por un decreto ley que lo aprobará este viernes", expresó. Gómez recordó que el Ejecutivo decidió abrir un periodo de consultas con los sindicatos y empresarios, que finalizó ayer, pero no un periodo de negociación "habitual", con tiempo para el intercambio de posiciones.
"La decisión de someter el plan a consulta fue tripartita", justificó. Aún así, fuentes de Trabajo indicaron que el Gobierno estaba ayer introduciendo "cambios" en la propuesta remitida a los agentes sociales para intentar arrancar un acuerdo de "última hora".
Por su parte, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, mostraron su rechazo a la última propuesta remitida por el Gobierno, pues echaron en falta una lucha "decidida" contra el fraude fiscal y se temieron que las nuevas medidas acaben precarizando más el mercado de trabajo. Además, el ministro descartó varias veces que el plan esté acompañado de una amnistía para emerger el empleo en negro, sino que se trata de dar "unos dos o tres meses" para que las empresas opten por el afloramiento una vez se apruebe el decreto ley.
