El Estado asumirá el coste de la moratoria del pago del 50 por ciento de los préstamos hipotecarios que se va a conceder a desempleados y autónomos, y compartirá con los bancos el riesgo de morosidad que pueda haber en estas operaciones.
El Consejo de Ministros dio hoy el visto bueno al cuarto bloque de medidas aprobado en esta legislatura para afrontar la crisis, que estudiará de forma urgente el Consejo de Estado esta semana y que se aprobarán definitivamente en la reunión del Ejecutivo del viernes que viene.
De las ocho medidas anunciadas el lunes por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hoy el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a seis, ya que las otras dos se aprobarán en el marco del diálogo social.
Una de las medidas más relevantes, la de la moratoria hipotecaria, se llevará a cabo mediante un acuerdo "con dos patas", según explicó en la rueda de prensa posterior el ministro de Economía, Pedro Solbes.
Por una parte, se exigirá un acuerdo entre interesado y entidad, mediante un documento privado que no tendrá ni costes registrales ni notariales.
Por otra, el ICO deberá concertar los correspondientes convenios con las entidades, que por tanto no asumirán ningún coste por sumarse a la medida, en los que se determinarán las condiciones financieras y las garantías de dichas operaciones.
El coste lo asumirá el ICO mediante la concesión de créditos a las entidades que de forma voluntaria se sumen a la medida, según explicaron a Efe fuentes del Ministerio de Economía.
Las condiciones de los créditos concedidos a las entidades se negociarán en cada convenio, pero se intentará que el coste financiero sea el mínimo posible.
El límite del aplazamiento del pago de la hipoteca será de 500 euros al mes (12.000 euros en total), y las cantidades demoradas deberán devolverse desde enero de 2011 en un máximo de diez años, prorrateadas en las mensualidades del crédito.
En el caso de que finalmente no se pague la hipoteca, el riesgo lo asumirán a medias el Gobierno y las entidades "de acuerdo a los términos establecidos", explicó Solbes, quien en cualquier caso recordó que los préstamos de vivienda son los últimos que, por lo general, dejan de pagar los ciudadanos con dificultades.
Solbes aclaró además que esta medida se ha negociado "permanentemente" con las entidades, a través de sus patronales, y que la predisposición para adoptar la iniciativa es "total".
La moratoria de las hipotecas podrán solicitarla trabajadores que queden desempleados antes del 1 de enero de 2010, autónomos que hayan cerrado su negocio o que acrediten ingresos anuales inferiores a 18.900 euros, así como los que hayan pasado a ser pensionistas de viudedad.
Sólo podrán pedir la moratoria quienes tengan suscrita una hipoteca antes del 1 de septiembre de 2008 con un importe inicial inferior a los 170.000 euros.
El Consejo también vio hoy la ampliación del plazo para materializar el saldo de la cuenta de ahorro vivienda, dos años más, una medida que según Solbes beneficiará a 180.000 personas.
Durante esos dos años, se podrán seguir haciendo aportaciones pero ya sin desgravaciones fiscales.
Según recordó la vicepresidenta primera, María teresa Fernández de la Vega, la medida beneficiará sobre todo a los jóvenes, que son los titulares de la mayor parte de este tipo de cuentas.
El Gobierno también ayudará a soportar mejor el pago de la hipoteca con el adelanto de retenciones en cada nómina de los beneficios fiscales del préstamo de vivienda.
Para explicar esta medida, Solbes dio un ejemplo: para un trabajador con un hijo e ingresos anuales de 25.000 euros, la retención en su nómina se reduciría de un 13,4 por ciento a un 11,4 por ciento, es decir, que sus ingresos se incrementarían en 500 euros anuales.
También se ampliará en dos años, hasta cuatro, el plazo a efectos fiscales que tienen quienes se han comprado una nueva vivienda habitual para que vendan la anterior.
Las personas que hayan adquirido una vivienda habitual en 2006, 2007 y 2008 y pensaran financiarla, en parte, con la venta de su vivienda habitual anterior, podrán acogerse a esta medida.
En cuanto a las medidas de fomento del empleo, el Consejo dio el visto bueno a la bonificación de 1.500 euros, así como al aumento de la capitalización de la prestación por desempleo, hasta el 60 por ciento del total, a los trabajadores que quieran hacerse autónomos.
En la rueda de prensa, Solbes confirmó que el Ejecutivo estudia nuevas medidas para ayudar a la financiación de las pequeñas y medianas empresas.
