El Gobierno andaluz, y singularmente el presidente José Antonio Griñán, estarán muy pendientes hoy de la declaración del que fuera interventor general de la Junta entre 2000 y 2010, que será interrogado por la jueza Mercedes Alaya en el marco de la instrucción del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados por la Junta. La jueza considera a Gómez pieza clave en la investigación para entender por qué el menoscabo de fondos públicos se prolongó diez años sin que ningún órgano de control interno alertara del fraude.
Su declaración hoy decidirá el futuro procesal de Griñán, pero hay expectación porque en el último año el exinterventor ha dado dos versiones: la primera, en la comisión parlamentaria de los ERE, en la que insistió en que sí alertó con hasta 15 informes del uso inadecuado del sistema de ayudas sociolaborales (transferencias de financiación, aunque también admitió que nunca advirtió de un delito. La segunda versión la dió después, cuando remitió una carta al presidente del Parlamento, Manuel Gracia, donde calificaba el asunto de los ERE como el caso de corrupción más importante de la historia de España e inculpó directamente a Griñán por haber cebado sin descanso la corrupta partida presupuestaria de ERE.
En un auto dictado a principios de mes, Alaya imputó tanto al ex interventor general como a otros 19 cargos o ex altos cargos de la Junta, entre ellos la exconsejera de Economía y Hacienda, exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Alvarez. La Junta decidió recurrir este auto directamente ante la Audiencia Provincial de Sevilla y pidió a la juez que suspendiera la declaración del ex interventor hasta en tanto no se resolviera su recurso, pero la magistrada rechazó suspender la comparecencia en un auto en el que criticó a la Junta por mantener una posición más propia de una defensa que de una acusación particular, lo cual llama la atención por la aireada actitud de colaboración que pregona para sí la Junta.
En su comparecencia, el ex interventor estará asistido por el actual presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Rebollo. Hay que recordar que Manuel Gómez ha solicitado a la Junta que le pague el abogado, una solicitud sobre la que la Administración aún no se ha pronunciado en espera de que la Audiencia resuelva su recurso.
Durante la comisión parlamentaria, en agosto de 2012, el ex interventor aseguró que las consejerías de Empleo, Innovación o Hacienda debieron tomar medidas cuando la Intervención General le remitió el informe en el que este órgano detectó graves deficiencias en el procedimiento de gestión de las ayudas. Subrayó que esta Administración, por sentido común, debió tomar medidas al respecto porque, según ejemplificó de una forma muy gráfica, sería como si el vecino te avisa de que al extractor de tu cocina le salen llamas y, en lugar de llamar a los bomberos, esperas a que el vecino te lo confirme por correo electrónico.
Gómez insistió en la legalidad del marco general en el que se han aprobado los ERE y las ayudas sociolaborales a empresas y a individuales, ya que no solo fue respaldado en el presupuesto de la Junta de Andalucía, que es el principal instrumento de legalidad de financiación de la Administración autonómica, sino que, además, todas las cuentas generales de la Junta son de general conocimiento y están a disposición de cualquier ciudadano en Internet desde 2001.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer por su parte que el magistrado Álvaro Martín apoye al Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, del que es titular la juez Mercedes Alaya, para que ella pueda instruir las macrocausas de las que se ocupa.
