El exedil socialista de Movilidad y Gobernación del anterior gobierno municipal Francisco Fernández será juzgado por un presunto delito de prevaricación por la compra en 2007 de material y equipamientos para los bomberos, por valor de 644.485 euros, a la empresa Iturri sin concurso público. El juez de Instrucción Francisco de Asís Molina ve "indicios de delito" en esta decisión "arbitraria y de una ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa, entrando en contradicción con los mínimos esenciales del funcionamiento de la administración", por lo que en un auto dictado el 20 de diciembre y notificado el martes ordena la apertura de procedimiento abreviado. Fernández, que en su declaración ante el magistrado reconoció los hechos aunque los justificó en la urgencia de la contratación, dimitió este miércoles como secretario general de la Agrupación Socialista Cerro-Amate.
Pese a que tras la denuncia de la Fiscalía y del Sindicato de Bomberos el juez imputó también a la exedil de Hacienda Nieves Hernández y al jefe del Servicio de Bomberos José María Casar, el magistrado acuerda en el mismo auto el sobreseimiento de la imputación de Casar al considerar que no tenía potestad "sobre la decisión cuestionada". La imputación de Nieves Hernández, cuestionada en su día por el Sindicato de Bomberos que ejerce la acusación particular en la causa, ya fue levantada en septiembre al no ver indicios de criminalidad.
Los hechos se remontan a "los primeros meses de 2007" cuando el entonces concejal de Gobernación Francisco Fernández "contrató verbalmente" con Iturri la adquisición del equipamiento para ocho vehículos autobomba sin convocar concurso ni adjudicación motivada, como exige la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. "Ni siquiera existió un documento donde constara dicha adjudicación", resalta el magistrado en su auto, que considera que Fernández tomó una "arbitraria decisión" de forma "unilateral y a sabiendas de que estaba omitiendo las normas esenciales del procedimiento exigidas por la ley".
En su declaración judicial como imputado en la fase de instrucción, Fernández reconoció los hechos "excusándose en la emergencia que requería la situación en la ciudad de Sevilla ante una supuesta insuficiencia de medios del Parque de Bomberos". Sin embargo, el juez considera que no concurrían ninguno de los supuestos de urgencia que la ley prevé y aclara que aunque así fuera, podría haber prescindido de los trámites inicialmente pero suscribiendo "un acuerdo acompañado de la oportuna retención de crédito o documentación" que lo justificara. "Nada de eso se hizo [...] de manera que no podemos respaldar la excusa esgrimida por el imputado en su declaración", señala el auto. El juez considera que era "inexcusable" someter el contrato a publicidad y concurrencia y sacarlo a licitación y adjudicación. El magistrado también rechaza el argumento de la defensa de que Iturri fuera la empresa recomendada por el fabricante de los coches de bomberos porque "se vulneró el derecho de otros posibles participantes a acceder al concurso".
Por ello, salvo que el fiscal y el Sindicato de Bomberos se retracten y piden al sobreseimiento de la causa -tienen diez días de plazo- o alguna de las partes recurran en reforma o apelación y estos recursos prosperen, Francisco Fernández se sentará en el banquillo acusado de prevaricación. El exconcejal socialista, que ya no forma parte del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento, decidió dimitir de sus cargos orgánicos para no perjudicar al partido y dejar la Secretaría General de Cerro-Amate.
