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El exinterventor apunta que todo el Consejo de Gobierno sabía las anomalías de las ayudas

Señala que los desfases presupuestarios eran evidentes y Empleo, Innovación y Economía pudieron poner freno. Admite que nunca detectó menoscabo de fondos públicos pero todos sus avisos iban al “cajón”.

el 25 jul 2013 / 10:48 h.

Manuel Gómez a su llegada a los juzgados. Foto: EFE Manuel Gómez a su llegada a los juzgados. Foto: EFE El exinterventor de la Junta, Manuel Gómez, declaró ayer ante la jueza Mercedes Alaya que las irregularidades detectadas en el sistema para subvencionar ERE de empresas en crisis eran conocidas por todo el Consejo de Gobierno. Las mismas provocaron desfases presupuestarios muy llamativos en la Dirección General de Trabajo de los que habló personalmente con la entonces viceconsejera de Economía y hoy titular de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, por lo que consideró “absolutamente impensable” que el entonces consejero y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, no estuviera también al tanto. Eso sí, negó haber detectado en su momento menoscabo de fondos públicos -de ahí que nunca llegara a emitir un informe de actuación que hiciera saltar las alertas sino avisos de que el sistema era inadecuado- así como haber recibido presiones políticas para no ser más contundente, si bien tras estallar el escándalo de los ERE se quejó ante  Aguayo el año pasado de las imputaciones políticas que desde el Gobierno hicieron a su trabajo. Gómez, al que Alaya ha imputado por prevaricación y malversación aunque no decretó medidas cautelares contra él, explicó que en 2003 hubo un acuerdo del propio Consejo de Gobierno -presidido entonces por Manuel Chaves- para analizar las transferencias de financiación ante los desfases presupuestarios detectados y aludió especialmente a uno de 93 millones recogido en su primer informe de 2005 referido a las cuentas de 2003-2004. Sobre éste en concreto aseguró haber hablado personalmente con Aguayo y alegó que Griñán no podía estar ajeno porque el desajuste era tal que  provocaba un descuadre total del Presupuesto. También señaló que se puede presumir que el convenio entre la Consejería de Empleo e IFA (hoy IDEA) por el que se creó este sistema que permitía subvencionar los ERE mediante transferencias de financiación, no sujetas a controles de fiscalización previos, contó con el visto bueno del Consejo de Gobierno. No obstante, el exinterventor no despachó nunca directamente con Griñán aunque ante las preguntas de la jueza sobre por qué no elevó la alarma, se parapetó tras el decreto que regula el control financiero de las empresas públicas. En un interrogatorio que según abogados presentes se convirtió por momentos en un debate entre ambos sobre derecho administrativo, alegó que la Intervención solo debe hacer un informe de actuación en caso de detectar menoscabo de fondos público, algo que él no apreció entonces. “En ese momento  no podía pensar que había gente que se estaba lucrando”, admitió. No obstante, restó importancia al tipo de informe que elaboró, que sin embargo para la Junta es crucial por cuanto defiende la legalidad del procedimiento para conceder las ayudas y limita la responsabilidad al mal uso que hicieron algunos del  mismo. Para Gómez, de haber dado el salto a un informe de actuación "se hubiera quedado en un cajón" como el resto de sus avisos. Puso como ejemplo una ocasión en la que sí elevó un informe de este tipo sobre las retribuciones de personal de Salud en el hospital de Almería en 2008, año en el que puntualizó que “el consejero de Economía era Griñán” y el informe “se quedó en un cajón”. Dejó claro que el entonces consejero de Economía si hubiera querido hubiera podido atajar las irregularidades. De hecho, preguntado sobre quién pudo poner freno a un sistema que desembocó en el presunto fraude de ayudas públicas para los ERE fue contundente: “Empleo tenía que haber dicho a la Dirección General de Trabajo que dejara de hacer uso de ese sistema, Innovación como titular de Idea que dejara de pagarlas y Economía tenía que haber bloqueado las transferencias de financiación”. Gómez también criticó que el cambio de método para conceder las ayudas que hizo la Junta en 2010, con Griñán ya de presidente,  tras el estallido del caso no mejoró nada porque seguía sin haber fiscalización previa de las mismas. La declaración del exinterventor era especialmente temida por el Gobierno andaluz después de que en la Comisión de investigación parlamentaria hablara directamente de que sus alertas no fueron tenidas en cuenta y en una carta dirigida al presidente de la Cámara señalara que nadie "hizo absolutamente nada durante 10 años cuando podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas si hubieran tenido voluntad" y que Griñán y Aguayo "cebaron sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE", afirmaciones en las que se ratificó ayer. Sus palabras cayeron entonces como una bomba en la Junta que, personada como acusación aunque ha recurrido las últimas imputaciones de cargos y exaltos cargos del Gobierno, basa su estrategia en que la Intervención nunca alertó de fraude. Ayer en la declaración de Gómez, que duró diez horas, confrontaron sus diferentes versiones. La defensa de Gómez basó sus preguntas en una docena de citas textuales de Griñán en la comisión parlamentaria, como que los informes nunca llegaron al consejero sino a la vicenconsejera o que las ayudas estaban totalmente fiscalizadas. A todas ellas rebatió el exinterventor comenzando sus argumentos con la frase “la verdad es...” La peculiar forma de la jueza de llevar los interrogatorios originó ayer las protestas del abogado del viceconsejero de Presidencia Antonio Lozano, imputado en la última remesa. El letrado, José María Mohedano, dejó constancia escrita de su protesta porque la jueza no le dejara preguntar en representación de sus dos clientes (además de a Lozano defiende a la exdirectora general de Presupuestos Buenaventura Aguilera) y le inadmitiera una pregunta sobre la declaración de Gómez en el Parlamento admitiendo que el sistema de ayudas era legal aunque inadecuado, lo que consideró una vulneración del derecho a la defensa. Mohedano, que ha recurrido a la Audiencia las dos imputaciones, acusó a la jueza de “interrumpir constantemente” al declarante e insistir y reformular las preguntas  “cuando no le dicen lo que quiere oír” con un carácter “más propio de un juez inquisitorial o preconstitucional” y “cercenando la espontaneidad” al contestar. El propio interventor llegó a recriminar a Alaya que no le dejaba terminar o que “son demasiado largas las preguntas y ya no sé lo que estoy contestando”. También consideró “capciosos” sus enunciados, en los que la jueza llegó a dar por hecho que Griñán conocía los informes del interventor. Por ello anunció que cuando sus clientes acudan a declarar, están citados en septiembre, pedirá que se grabe el interrogatorio (Alaya ya se negó a ello en el caso Mercasevilla). Y no se privó de criticar que la jueza “tenga a todo el mundo esperando” por los retrasos en las sesiones (una hora y media ayer) o la “falta de dignidad” de retirar a los abogados el móvil para entrar en la sala.  

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