La Fiscalía de Sevilla está estudiando la posibilidad de reclamar al Juzgado de Instrucción número 6 que impute a toda la comisión ejecutiva de Mercasevilla por las supuestas irregularidades en el concurso para vender los terrenos de la empresa pública, adjudicado a Sando, pese a que la oferta del Grupo Noga era mayor. Entre los miembros se encuentra el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos y el ex concejal y ex presidente de la entidad Gonzalo Crespo.
Fuentes del Ministerio Público indicaron que el fiscal delegado de Anticorrupción baraja esta posibilidad, como adelantó ayer la Cadena Ser, aunque aún no se ha presentado la petición expresa a la juez. Además de Torrijos y Crespo, en la comisión estaban presentes varios representantes de Mercasa, el secretario del Ayuntamiento, Venancio Gutiérrez Colomina; el interventor municipal, José Miguel Braojos; y el ex consejero de Mercasevilla Domingo Enrique Castaño, citado por Mellet en las grabaciones que originaron la primera causa judicial por el intento de cobro de comisiones ilegales. El PP ha apuntado desde el principio a Castaño como el "cerebro" de la operación, recordando que ha estado ligado a los últimos escándalos de los socialistas que han acabado ante la Justicia.
Precisamente, en la última semana la Policía Judicial ha tomado declaración a todos ellos, aunque no en calidad de imputados. La juez ordenó a los agentes que contactara con ellos después de que el ex vicesecretario de Mercasevilla Jorge Piñero dijera en su declaración que el pliego de condiciones pasó por las manos de la comisión, del consejo de administración y del Pleno, sin que nadie alertara de posibles irregularidades. De hecho, fuentes próximas a la defensa del ex presidente de Mercasevilla Fernando Mellet explicaron que van a solicitar que declaren los miembros del consejo de administración, una vez que éste declare.
La juez también solicitó, en un auto con fecha 25 de septiembre, que se le aporten las ofertas íntegras de las empresas que se presentaron al concurso y los informes del secretario del Ayuntamiento y del interventor general sobre el concurso, ya que la comisión ejecutiva y el consejo de administración se apoyaron en estos documentos para darle el visto bueno a los pliegos de condiciones. La magistrada también reclamó los informes jurídicos de Mercasa, que según Piñero también revisó los pliegos, y el elaborado por Mercasevilla.
Los servicios jurídicos de IU estudian personarse en el proceso
A la espera de que se formalice la personación del PSOE a través de una querella en el caso Mercasevilla, IU anunció ayer a través de su portavoz, Antonio Rodrigo Torrijos, que sus servicios jurídicos estudian la posibilidad de que el grupo municipal se persone para poder participar en el proceso judicial.
"Queremos estudiarlo con precisión para que si se produce no nos encontremos con que sea impugnado o no aceptado. La experiencia es un buen compañero de viaje y no queremos que si tomamos esta decisión, luego nos encontremos con un rechazo. Un exceso de bulla puede conducir a la confusión", explicó Torrijos, quien hizo alusión con sus palabras al varapalo recibido por Mercasevilla en sus intentos de personarse en las diligencias abiertas por la venta a Sando y por la supuesta petición de comisiones. Torrijos eludió ayer valorar públicamente el desarrollo del proceso judicial.
El PP lleva el caso al Pleno para pedir más información a la empresa
El PP volverá a llevar el caso Mercasevilla al Pleno con una propuesta ordinaria en la que propondrá que se inste a la comisión ejecutiva y al consejo de administración a que faciliten toda la información reclamada por su consejero en esta sociedad pública Beltrán Pérez. Hace sólo unos días, el propio edil acudió a Mercasevilla acompañado de un notario para que acreditase que la empresa no le concedía la información requerida. Los populares reclaman a la dirección de la empresa que les facilite la auditoría completa de Deloitte.
El Gobierno local asegura que aún no está concluida y que, de momento, sólo tienen el avance aprobado el pasado mes de junio. El PP quiere basar en esta documentación su anunciada querella por delitos societarios contra los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce. Aunque los populares anunciaron la iniciativa hace semanas, no la formalizaron a la espera de nuevos datos.
