Local

El fiscal lleva al juez al ex gerente de Urbanismo de Granada

La Fiscalía del TSJA ha presentado una denuncia contra el ex gerente de Urbanismo de Granada, Manuel Lorente, y al promotor José Julián Romero, por supuestos delitos de prevaricación y cohecho.

el 15 sep 2009 / 01:37 h.

TAGS:

La Fiscalía del TSJA ha presentado una denuncia contra el ex gerente de Urbanismo de Granada, Manuel Lorente, y un conocido promotor inmobiliario, José Julián Romero, por supuestos delitos de prevaricación y cohecho. Según el decreto del fiscal, el empresario pagó al ex concejal y a su esposa parte de un viaje al Mundial de Baloncesto de Japón en 2006, al que asistieron junto al matrimonio Romero.

La Fiscalía entiende que el promotor y presidente del CB Granada "a fin de facilitar la tramitación y autorizaciones de diversas obras y un cierto trato de favor fomentó la relación de amistad con el gerente de urbanismo el cual, pese a la relevancia y compromiso de su cargo, la consintió".

Romero costeó a Lorente los 4.654 euros del viaje a Japón, una cantidad que el ex gerente de Urbanismo le devolvió un año después, cuando la investigación de la Fiscalía ya estaba en marcha y se conocía públicamente. La amistad entre ambos nunca se ocultó. El juez relaciona la "dádiva" de la visita al país asiático con las operaciones urbanísticas de Romero en la capital. El ex edil informó favorablemente sobre las promociones de su amigo, en concreto un edificio de 72 pisos y la urbanización construida sobre el viejo Los Cármenes. Dio el visto bueno a que pudieran ocuparse las viviendas a pesar de que la altura de los techos era inferior a la contemplada en el proyecto.

La oposición se apresuró ayer a pedir al consistorio explicaciones. El portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Javier Torres Vela, exigió una aclaración al alcalde, José Torres Hurtado (PP), acerca de su gestión del urbanismo, ahora "bajo sospecha", después de la denuncia de la Fiscalía. Torres Vela, que calificó los hechos como "muy graves", afirmó que "más allá de las explicaciones jurídicas" hay que hacer una "valoración política" del decreto, ya que, tras su lectura, "surge la pregunta sobre si la gestión del urbanismo está más orientado hacia los intereses particulares o privados que al interés general" y, por eso, según dijo, "el alcalde tiene que dar la cara".

  • 1