El acuerdo entre la Fiscalía y los ex ediles del GIL en el Ayuntamiento de Marbella imputados por delitos urbanísticos ya tiene el visto bueno del TSJA. El pacto afectará al menos a diez ex concejales, que cumplirán un máximo de tres años de prisión. La administración evita así el colapso judicial.
Tras casi un año de negociaciones entre el Ministerio Público y los abogados de los ex concejales del GIL, el acuerdo ha conseguido el beneplácito de los órganos superiores. Éste se rubricará definitivamente en una reunión prevista para la próxima semana. La Fiscalía no descartó que en este encuentro se sumen otros imputados, por lo que podrían ser más de diez.
La condición que se pone a los acusados para que no se celebren las vistas es que éstos admitan su culpabilidad y acepten su ingreso en prisión. Según el Ministerio Público, el acuerdo de conformidad determina que cada procedimiento tendrá su sentencia y que no será posible sustituir la cárcel por una multa o pedir la suspensión de la condena o eludir la privación de libertad en caso de que el procesado no tenga antecedentes penales.
Para llegar a este consenso la Fiscalía ha tenido en cuenta que "la ley impone la imposibilidad de cumplir más del triple de la pena máxima impuesta en delitos que tengan o puedan tener conexión", como es este caso.
Por lo tanto, se establecen tres tramos de condena de seis, nueve y doce meses de prisión dependiendo de la corporación a la que pertenecía el ex concejal y las veces que votó a favor de la concesión de una licencia irregular. El pacto permitirá que ninguno de los procesados cumpla menos de seis meses de cárcel ni más de tres años.
El acuerdo sólo esta sujeto a los procedimientos urbanísticos por conceder licencias contrarias al planeamiento vigente en Marbella, pero quedan excluidas otras irregularidades, como cohecho, malversación y cobros ilegales. Entre los ex ediles que se podrán acoger a este pacto se encuentran los ex alcaldes de Marbella Marisol Yagüe y Julián Muñoz.
Este último es el ex regidor con más causas judiciales abiertas en España y tiene alrededor de un centenar de procedimientos penales en curso en la Audiencia Provincial de Málaga por presuntas irregularidades urbanísticas.
Con este acuerdo, además, se pretende evitar la celebración de más de 70 juicios, por lo que la administración de Justicia gana en agilidad, puesto que evitará tener juzgados dedicados 70 semanas exclusivamente a estos casos.
