Ayer quedó visto para sentencia el juicio contra la madre de Alba y su compañero sentimental por la paliza que dejó a la niña inválida en marzo de 2006. El fiscal elevó hasta las penas máximas por los delitos de intento de asesinato, violencia doméstica habitual y contra la integridad moral, que suman 21 años de cárcel.
El ministerio público decidió ayer endurecer sus penas y elevarlas de 19 a 21 años de cárcel para los acusados Ana María C. y Francisco Javier P., presuntos maltratadores de la pequeña Alba, dada la "terrible situación" que tuvo que soportar la menor durante meses, ya que fue sometida a "una violencia, humillación y degradación continua".
Asimismo, se solicitó una indemnización de 1,5 millones de euros para la menor, que necesitará siempre ayuda para realizar sus actividades cotidianas. A esto se suma el perjuicio estético que sufre la pequeña porque perdió "sustancia ósea craneal" como consecuencia del golpe recibido en la cabeza, es decir, "le falta literalmente medio cráneo", apuntó el fiscal.
La acusación está convencida de que el procesado es el autor material de los maltratos a Alba, aunque en sus informes finales ha cargado contra la madre de la pequeña, a la que, confesó, evitó llamar madre en todo momento porque, a su juicio, "madre es algo más que eso".
También acusó a la procesada de haber "cerrado los ojos" ante unos malos tratos que, en su opinión, eran evidentes, dado que fueron relatados por la propia hija del acusado, Maite. En el juicio se destacó la absoluta credibilidad de la declaración de la hermanastra de Alba, principal testigo de esta causa y que incriminó a su padre en un relato que ayer fue puesto en duda por las defensas.
Por su parte, el abogado de Ana María C. advirtió que a Maite no se le informó de que tenía derecho a no declarar en contra de su padre cuando los psicólogos del Equipo de Asistencia Técnico-Legal la exploraron ante el juez instructor, con lo que, a su parecer, Francisco Javier P. ha perdido "una oportunidad procesal".
Desconocimiento. La defensa de la madre de Alba insistió en que la mujer ignoraba que su hija era víctima de maltratos y señaló que éstos no debían ser tan evidentes cuando ni los "preparados" profesionales de la Generalitat ni la Fiscalía hicieron nada por impedir que continuaran. Ante esto, el fiscal justificó a las administraciones en la protección de Alba en el hecho de que Ana María C. culpaba siempre al padre biológico "para ocultar su propio maltrato".
Para el acusador público, la "inexplicable pasividad" de Ana María C. no es sino un "encubrimiento" propio de los maltratos a que ella y su pareja sometieron a Alba, hasta el punto de convertirla en una niña "que rehuye el contacto físico", siente miedo cuando le tocan la cara.
El letrado de Francisco Javier P. lanzó sospechas sobre la madre de Alba y su padre biológico al admitir que existía "una persona maltratadora" de la niña, pero que ésa no era su cliente. En opinión de esta defensa, las pruebas forenses expuestas durante el juicio apuntan a que la niña había sufrido episodios de violencia incluso antes de que su madre conociera a Francisco Javier P. y, "por sentido común", añadió, "parece totalmente imposible que Alba sufriera la actuación de dos maltratadores".
Al final del juicio, la madre de Alba ejerció su derecho al uso de la última palabra para solicitar al tribunal que le permitiese tener información sobre la evolución de su hija.
