El Ministerio Público español contradice así a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que el pasado jueves aseguró que el artículo 69 de la Constitución de su país "prohíbe la extradición de un venezolano o venezolana bajo ninguna circunstancia". La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido pedir la entrega del etarra después de recibir un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que se hace constar que éste es ciudadano de Venezuela, que reside en ese país y que desde 2007 trabaja como jefe de seguridad en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), organismo que depende del Gobierno de Hugo Chávez.
Exteriores añade que Cubillas "se ha personado recientemente antes las autoridades judiciales de Venezuela" -en referencia a la visita que el etarra hizo el pasado día 11 a la Fiscalía de ese país para pedir que se investigaran las acusaciones de la Justicia española contra él-, "sin que haya tenido efecto hasta ahora la orden de detención internacional cursada por la Audiencia Nacional". La Fiscalía recuerda, en este sentido, que la citada orden pesa sobre Cubillas desde finales del pasado mes de febrero, cuando Velasco dictó un auto en el que le procesaba por los delitos de tenencia de explosivos en colaboración con banda armada y de conspiración para cometer homicidios terroristas y acordaba su prisión provisional y su busca y captura.
El juez señalaba a Cubillas como "responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999, coordinando las relaciones con las FARC". Las acusaciones de Velasco se confirmaron cuando dos presuntos etarras detenidos en septiembre confesaron que en 2008 participaron en un curso impartido por Cubillas en Venezuela.
