La Fiscalía de Sevilla ha solicitado tres años y ocho meses para Hokman Joma, el ciudadano de origen turco imputado por lanzar un zapato al primer ministro de Turquía, Recep Tayip Erdogan. No obstante, en su escrito de acusación presentado ayer ante el Juzgado de Instrucción número 11, el fiscal pide que la pena sea conmutada por la expulsión de España, según informó el Ministerio Público en un comunicado.
El fiscal pide al juez que le conmute la pena de prisión por la expulsión del joven del país. Para ello, hace referencia al artículo 89 del Código Penal por el que "las penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a un extranjero no residente legalmente en España serán sustituidas en la sentencia por su expulsión del territorio español", aunque también hay excepciones según la naturaleza del artículo. El Código Penal añade que el extranjero expulsado no podrá regresar a España "en un plazo de diez años contados desde la fecha de su expulsión y mientras no haya prescrito la pena".
Joma se encuentra en prisión preventiva desde que el pasado 22 de febrero supuestamente lanzara un zapato a Endogan, cuando este se encontraba en la puerta del Ayuntamiento tras un acto público en el que había recogido un premio. Según relata la Fiscalía, el joven, que tiene pasaporte sirio, "se situó próximo a dicha autoridad, se descalzó un zapato y con el ánimo de transgredir la integridad física de la misma, lo lanzó contra ésta, sin que llegara a alcanzarle". El escrito también asegura que Joma le gritó frases como "Viva el Kurdistan", "criminal" o "asesino".
Tras el presunto intento de agresión, el joven fue reducido por dos agentes de la Policía Nacional que formaban parte del operativo de seguridad. Según el fiscal, el acusado ofreció "una fuerte resistencia contra los agentes forcejeando fuertemente con ellos sin llegar a causarles lesión". El joven kurdo fue entonces detenido y tras su puesta a disposición judicial ingresó en prisión preventiva. Su abogado ha recurrido el auto del Juzgado de Instrucción número 11 solicitando su puesta en libertad provisional hasta el juicio. El juez se lo denegó y ahora está a la espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie al respecto.
La Fiscalía acusa ahora al joven de un delito contra la comunidad internacional, en relación con un delito de atentado a la autoridad. Para ello se basa en la Convención sobre la prevención y castigos de delitos contra las personas internacionalmente protegidas de 1973, que tanto España como Turquía han ratificado, por la que Endogan tiene reconocido el estatus de "persona internacionalmente protegida".
Por este delito, el fiscal pide tres años de prisión y una multa de 1.500 euros que, en caso de no abonarla, deberá cumplir 75 días de privación de libertad. Además, la Fiscalía le acusa de un delito de resistencia grave, por el que solicita una condena de ocho meses de cárcel.
Los compañeros de piso de Joma, que lo conocieron cuando llegó a España de refugiado, ya se opusieron en su día a esta medida, pues aseguran que si el joven vuelve a Siria "lo matarán". Tanto ellos como varias asociaciones consideran que los delitos que se le imputan y su ingreso en prisión "desproporcionados".
