Dos magistrados andaluces se enfrentan a causas judiciales por presuntos delitos diferentes. En Granada, la Fiscalía Superior de Andalucía pide tres años de cárcel, 19 de inhabilitación para empleo o cargo público de juez o magistrado y 213.000 euros de multa para Francisco Javier de Urquía por presunta prevaricación judicial, cohecho y asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario.
Por otra parte, la Fiscalía Superior de Andalucía mantuvo ayer en sus conclusiones finales su petición de suspensión de todo empleo o cargo público durante un año y tres meses para la jueza Adelina Entrena, juzgada por olvidar acordar la libertad de un preso, aunque ha elevado a 103.000 euros la indemnización para éste.
En la primera parte de la segunda jornada del juicio que sienta en el banquillo de los acusados a la que fuera titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Motril, las partes ya fijaron sus conclusiones, y por la tarde presentaron sus informes finales, donde la magistrada pudo ejercer su última palabra.
Entrena lloró ante el tribunal y aseguró sentirse como un "peón" en una partida de ajedrez. La procesada se mostró, según dijo, "con una profunda tristeza y una gran pena, física y psíquica". Al inicio de su intervención final, la jueza llegó a llorar, al tiempo que el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, le recordó que se estaba dirigiendo al tribunal, por lo que le pidió que no "personalice" y le advirtió de que, en caso contrario, le quitaría la palabra. El presidente del tribunal le pidió que se serenara. "No es que no crea en la Justicia, sino que me siento desilusionada, no por los jueces, porque nosotros tenemos verdadera vocación, sino porque no tenemos los medios adecuados, a nuestro alcance, para poder desarrollar nuestra labor", lamentó la acusada, a quien le da "pena" que los magistrados sean "tan criticados".
