La Fiscalía de Medio Ambiente ha dado un nuevo empujón a la investigación abierta en Grazalema para aclarar la trama urbanística en la que supuestamente se pagaban comisiones al arquitecto municipal para conseguir licencias. El fiscal ha requerido al juzgado de Ubrique que cite a declarar, entre otros testigos, a la alcaldesa actual, María José Lara, quien denunció los hechos en 2006, y a su antecesor, Antonio Mateos, ambos del PSOE.
La instrucción derivada de la que se denominó operación Pinsapar, que acarreó detenciones de profesionales del gremio de la construcción, está en su última fase y el fiscal, Ángel Núñez, quiere contar con la mayor documentación posible por lo que ha solicitado también los expedientes completos de las licencias de obras que se entregaron en el periodo investigado por el Ayuntamiento y por la antigua Confederación Hidrográfica.
Uno de los mayores escándalos que puso al descubierto esta actuación de la Guardia Civil fue la adjudicación de unas obras para la construcción de un edificio en Grazalema que obligaron a desviar el cauce del río Guadalete.
Ecologistas en Acción, que había denunciado por primera vez las prácticas del arquitecto municipal en 1999, exige responsabilidades a la actual alcaldesa y al regidor anterior. A pesar de esta denuncia la operación se inició siete años después cuando la alcaldesa llevó el caso a la Fiscalía en mayo de 2006 tras la reunión con tres personas del sector inmobiliario donde le revelaron que habían pagado comisiones a cambio de la adjudicación de obras al arquitecto municipal, que fue inmediatamente despedido.
