De 28 expedientes y una sucesión de obras sin hacer y facturas duplicadas, el juicio del caso Macarena ha quedado casi limitado a dos recibos: la demolición de San Diego por un importe de 4.796 euros. El fiscal mantiene la petición de cárcel, pero algo rebajada y alega que hay "intencionalidad política" en los contratos.
No hubo facturas duplicadas en Macarena, la mayoría de las 28 obras sometidas a juicio se realizaron, aunque algunas no se ejecutaron completamente, y sólo los dos expedientes de la demolición de los módulos de San Diego mantienen vivo el caso. Éstas son las conclusiones del informe del fiscal del caso que pese a todo mantiene la petición de ingreso en prisión para el ex secretario del distrio José Marín y el empresario José Pardo. El tercero de los imputados, Manuel Portela, queda como "cómplice" de un delito de malversación de fondos con una pena de 1 año y seis meses -por debajo del umbral a partir del cual se ingresa en prisión si no se tienen antecedentes-.
El fiscal entregó ayer sus conclusiones al jurado. Tanto él como la acusación particular del PA, consideran que se cometieron delitos de malversación de fondos y de falsedad documental. Según su alegato, los testimonios de los últimos días han demostrado que Pardo actuó al margen de la empresa a la que decía pertenecer -COS-, que Marín alteró los cheques firmados previamente por el ex concejal José Antonio García, y que se retiraron fondos de las arcas municipales para abonar servicios que no se ejecutaron. Sólo alegó un motivo: "Se llega a esta situación por afinidad política. Se conocieron en actos políticos, eran del mismo partido -el PSOE-. En ningún caso la colaboración surge de manera improvisada".
Pero el mismo fiscal desmontó ayer parte de los pilares de este relato. Según su resumen, no hay facturas duplicadas, ya que cuando había dos recibos era porque se habían fragmentado -una práctica irregular, pero autorizada por el Consistorio y que no forma parte del caso-. Además, de los 28 expedientes con los que empezó el caso, se centró únicamente en dos: las demoliciones de San Diego. Como ejemplo, de pedir una indemnización de 20.264 euros, se ha rebajado a unos 13.500. El juicio ha demostrado, para el fiscal, que casi todas las obras se han realizado en parte o en su totalidad, y que en otros casos no se puede acreditar que no se hayan ejecutado.
Quedan sin embargo, los dos expedientes de demoliciones de San Diego. Las obras no se realizaron. Todos coinciden en que lo sabían y que se comunicó al distrito. Salvo Marín y García. Esta contradicción entre las versiones es prácticamente ya el único sustento del caso. Afecta a más de 4.700 euros -la suma de las dos facturas- que, según COS, compensan los gastos de intentar demoler una estructura en dos ocasiones y parar por el rechazo vecinal. Según el fiscal, es en este punto "donde se materializa con seguridad el delito". Al superar los 4.000 euros se convierte en grave, que hace que los acusados se enfrenten a penas de cárcel.
Los tres abogados de los acusados defendieron su inocencia. Coincidieron en sus argumentos: si el caso es únicamente las obras de San Diego, no hay caso porque pudo ser un error administrativo o un problema de comunicación; si Pardo actuaba por su cuenta, por qué nadie ha denunciado que se quedó con dinero, no se ha demostrado lucro ni enriquecimiento y sólo hay irregularidades en las facturas divididas, "que son corruptelas administrativas".
Pese a esto, José María Del Nido, abogado de José Marín, volvió a trazar su línea y a desmarcarse del resto. Según su relato, la responsabilidad recaía en José Antonio García, a Marín nadie le dijo que la obra no se había hecho -Portela y Pardo afirman todo lo contrario- y no podía saber si se había "sustraído" dinero. Tanto él como el letrado de Pardo, insistieron en la línea esbozada el primer día del juicio: No hay hechos delictivos, no hay enriquecimiento y sólo hay irregularidades administrativas.
