La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado el embargo preventivo "fulminante" de la vivienda del etarra Iñaki de Juana Chaos en San Sebastián, que saldrá de prisión el próximo 2 de agosto, para que pueda satisfacer la deuda que tiene contraída con sus víctimas. La respuesta de De Juana fue iniciar desde ayer una nueva huelga de hambre indefinida.
El fiscal Ignacio Gordillo solicitó también que el Juzgado competente de San Sebastián investigue el presunto alzamiento de bienes en el que podría haber incurrir De Juana o su esposa, Irati Aranzabal, con el objetivo de no hacer frente a la deuda que tiene pendiente. Según datos de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, el etarra, máximo responsable del comando Madrid de ETA y autor material de 25 asesinatos, adeuda a los familiares de fallecidos o heridos a manos de la banda terrorista unos ocho millones de euros.
La respuesta de De Juana Chaos fue iniciar una huelga de hambre indefinida ante "la inaceptable campaña mediática y de intoxicación y presión" sobre su familia y él mismo hasta el 2 de agosto.
El embargo preventivo, que fue requerido a la sección primera de la Sala de lo Penal, que fue la que dictó la última sentencia contra el terrorista, en la que fue condenado a tres años de prisión por amenazas, no implica que su mujer, propietaria de la casa, y él tengan que abandonar la vivienda.
No obstante, sí supone la prohibición "de disponer del bien" como medida cautelar para garantizar que se pueda ejecutar el embargo en el caso de que así se determine. Entre las medidas que solicita el Ministerio Público, requiere que se pida al registro de la Propiedad de San Sebastián las sucesivas transmisiones y los cargos que la citada vivienda, situada en el barrio donostiarra de Amara, tiene en la actualidad.
La casa era de la madre de De Juana, Esperanza de Juana Chaos Lloret, fallecida el 27 de enero de 2007, -la Fiscalía pide también su certificado de defunción- quien se la donó en vida a su hija y ésta, a su vez, se la vendió a la esposa del etarra. Por este motivo, solicita que la policía judicial indague sobre la adquisición del piso por parte de Aranzabal, la forma en que se pagó y qué garantías se aportaron para la concesión del préstamo hipotecario y los pagos mensuales que se han realizado para satisfacer la hipoteca, de unos 360.000 euros.
A este respecto, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, afirmó ayer que la investigación patrimonial de los bienes de De Juana Chaos es "para evitar cualquier caso de fraude". Por su parte, los partidos políticos y asociaciones celebraron la medida, a excepción de los partidos nacionalistas vascos. Así, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, dijo que la decisión es "lógica, adecuada" y "tiene que tener el recorrido que permitan las leyes". El presidente del PP, Mariano Rajoy, expresó su pleno apoyo a la iniciativa. Desde la AVT exigieron que además se impeda a De Juana que viva en la casa. La voz discordante fue la del consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, que consideró que "no tiene sentido" que el preso De Juana Chaos sea sometido a "una persecución" tras cumplir su correspondiente condena.
