El fiscal del Tribunal Supremo pidió el lunes a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal el procesamiento del ministro de Fomento y portavoz del Gobierno en funciones, José Blanco, al apreciar indicios de delito en su conducta. El informe presentado se posiciona a favor de la apertura de una causa criminal contra él por su posible implicación en la denominada Operación Campeón, que investiga una trama de obtención ilegal de subvenciones en Galicia.
Blanco anunció hace cuatro días su abandono de la primera línea política, no así de su recién ganado escaño de diputado.
El Ministerio Público se pronunció ayer a través de un escrito respaldado por el teniente fiscal, Juan José Martín Casallo, en el que solicita al Supremo la admisión a trámite de la exposición razonada que elevó el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, que investiga lo hechos y ha apreciado la existencia de un posible tráfico de influencias.
Pide también a la Sala de lo Penal el nombramiento de un magistrado instructor que inicie las pesquisas. Martín Casallo es la máxima autoridad fiscal en este asunto tras apartarse del mismo el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, después de reconocer su amistad con el ministro en funciones.
La sala que debe decidir ahora si se abre el procedimiento contra el ministro en funciones está integrada por el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y por los magistrados Francisco Monterde y Julián Sánchez Melgar, a los que se unirán otros dos jueces aún por designar.
Se desconoce qué indicios de delito ve la Fiscalía en la actuación de Blanco, ya que el informe no ha sido facilitado por el Ministerio Público, que alega que la causa es secreta. Únicamente ha emitido una nota de prensa en la que señala que debe abrirse causa y nombrar un instructor.
La petición de la Fiscalía, que no es vinculante, responde a la petición realizada por la propia Sala Segunda del Supremo el día 11 de este mes, y ahora la Sala de Admisiones es la que debe resolver si debe comenzar a tramitar una causa criminal a resultas del informe remitido por la juez de Lugo Estela San José. En la exposición razonada se incluyen varias declaraciones incriminatorias vertidas contra Blanco por el empresario Jorge Dorribo.
Todavía no se ha resuelto la petición presentada el viernes por la defensa de Blanco, que ejerce el abogado Gonzalo Martínez Fresneda, para poder personarse en la causa y conocer de qué se acusa a su cliente.
En el marco de la Operación Campeón sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por la concesión de subvenciones fueron detenidas 15 personas, entre ellas el empresario farmacéutico Dorribo y dos altos cargos del ente público gallego Igape, todos ellos ya en libertad, por su supuesta vinculación en una trama para defraudar subvenciones públicas.
Dorribo acusó a Blanco en distintas declaraciones ante la juez de Lugo: aseguró que cobró comisiones a través de la empresa de instalaciones eléctricas de un primo político, Manuel Bran, a cambio de gestiones a su favor en Hacienda y Sanidad .Tras conocer el dictamen del fiscal, el Alto Tribunal puede optar por archivar el asunto, por admitir la causa y nombrar un instructor o bien por pedir a la juez de Lugo que continúe con sus indagaciones y concrete las imputaciones contra el ministro antes de abrir formalmente un procedimiento contra él.
Dorribo, propietario de Laboratorios Nupel, fue enviado a prisión en mayo tras su detención como supuesto cabecilla de una trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta, pero consiguió la libertad tras declarar, el 8 de agosto, ante la jueza que instruye el caso.
El farmacéutico implicó en el cobro de comisiones irregulares a cambio de un trato de favor para conseguir subvenciones a Blanco y a los ya exdiputados autonómicos Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG). Los dos últimos dimitieron tras la publicación de estas informaciones. El supuesto pago que inculpa al ministro en funciones se habría realizado en metálico en una gasolinera situada en el término lucense de Guitiriz, según el relato de Dorribo.
El ministro de Fomento ha manifestado sin embargo de forma reiterada que es "falso" que el empresario Dorribo pagase 200.000 euros a un primo suyo para poder reunirse con él y ha insistido en que confía plenamente en la "la Justicia".
En la exposición razonada que la juez de Lugo ha remitido al Tribunal Supremo para explicar el caso se señala que la Fiscalía de esta provincia gallega apoya una investigación al ministro en funciones por un posible delito de tráfico de influencias derivado de la existencia de mensajes de móvil que vinculan a Blanco con un presunto trato de favor al vicepresidente de otra empresa, Azkar, José Antonio Orozco.
