De "inaplicación generalizada" y "resistencia" tildan los fiscales de medio ambiente de Andalucía la actitud de particulares y administraciones a la hora de ejecutar sentencias de derribo. Una medida sobre la que no existe una doctrina uniforme en los tribunales que, según la Fiscalía, tienden a dejar la decisión en manos de la administración.
Los 18 fiscales de medio ambiente de Andalucía incoaron el año pasado 1.475 asuntos, de los que el 70,4% (1.039) corresponde a diligencias abiertas por presuntos delitos urbanísticos. En su memoria, alertan del aumento progresivo de estas causas, que concentran la mayoría de sus esfuerzos y recursos, sin que estos últimos se hayan visto aumentados (la falta de medios es una de sus principales reivindicaciones). En concreto, en el último año las diligencias por delitos contra la ordenación del territorio se incrementaron un 12,3%, siendo especialmente destacable el aumento registrado en Cádiz (de 77 a 345) y Granada (de 48 a 102), mientras en provincias como Almería, Córdoba, Málaga o Sevilla hubo un descenso.
Las distintas Fiscalías provinciales coinciden en defender la necesidad de aplicar medidas cautelares (en forma de paralización de obras) y demoliciones para "restituir la legalidad" ante delitos urbanísticos. Sin embargo, critican las reticencias de los tribunales a adoptar estas medidas -o la tardanza que en algunos casos lleva a que se dicte la paralización cuando las edificaciones están prácticamente terminadas, como señala la de Almería- así como la "falta de criterios uniformes en los juzgados de lo penal y las secciones de la Audiencia provincial", señala la Fiscalía de Jaén.
Sin colaboración municipal. Y son precisamente las administraciones, fundamentalmente los ayuntamientos, las que se llevan la segunda parte de las críticas. Los fiscales medioambientales denuncian la "inaplicación generalizada" de las demoliciones ordenadas. A ello se une la falta de colaboración de los ayuntamientos a la hora de denunciar actuaciones incluso "en municipios donde es un hecho notorio el florecimiento de construcciones ilegales" y la "palmaria dejación" de sus facultades de inspección, señala la Fiscalía de Cádiz. Con todo, sólo en Cádiz los juzgados de lo penal en Cádiz dictaron el año pasado 31 sentencias de demolición (la memoria alerta de que la Audiencia dictó algunas más pero también, ante recursos, ratificó la condena pero revocó los derribos remitiendo la decisión a la administración). En Almería hubo cuatro sentencias de derribo que afectaban a 20 viviendas ilegales y en Córdoba, la Audiencia ha comenzado a dictar órdenes de derribo de los chalés de la urbanización Las Pitas, en el entorno protegido de Medina Azahara.
La crítica a los ayuntamientos no se queda en eso y la memoria indica también un incremento de denuncias contra alcaldes y corporaciones municipales completas por prevaricación en la concesión de licencias ilegales u omisión del deber de prevenir el delito. La Fiscalía de Almería habla de 13 alcaldes imputados y los "frecuentes intentos" de los ayuntamientos de "salvar irregularidades, que posiblemente han consentido, con proyectos de PGOU que intentan regularizar todo tipo de construcciones en todo tipo de terrenos". En Córdoba, está imputado el alcalde de Puente Genil por la concesión de una licencia presuntamente ilegal para la construcción de la Guardia Civil. Y La Fiscalía de Málaga afirma que "sería mucho más breve la lista con los municipios que no han sido denunciados".
