El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer por la tarde dos medidas de gran impacto en estos tiempos de crisis económica. De un lado, se sumó al grupo de países europeos que elevará su fondo de garantías de depósitos bancarios hasta los 100.000 euros y, por otro, informó de la creación de un fondo con cargo al Tesoro Público y dotado con 30.000 millones (elevables a 50.000) para la compra de activos "de máxima calidad" a los bancos y cajas españoles.
La primera de las decisiones persigue tranquilizar a los ciudadanos que guardan sus ahorros en las entidades financieras y observan, con incertidumbre, cómo algunos gobiernos europeos han salido al rescate de bancos de sus respectivos países para evitar que vayan a la quiebra.
La segunda tiene un objetivo claro y preciso: evitar que se paralice la maquinaria económica del país debido a la severa falta de liquidez que padecen los bancos, cuya consecuencia más funesta ha sido la restricción de los créditos a las familias y a las empresas.
Sobre el primero de los apartados, poco más se puede decir que lo que han reiterado hasta la saciedad las autoridades económicas de este país: el sistema financiero español está demostrando solidez ante los vaivenes de los mercados financieros mundiales. Y si se ha decidido el aumento de las garantías no es porque se desconfíe de los bancos y cajas españoles, sino como respuesta inevitable a la medida adoptada por países como Alemania, Irlanda o Inglaterra de blindar el cien por cien de los ahorros depositados en sus entidades, pues si no se hubiera hecho así, el dinero depositado en España podría haberse fugado a esas naciones. El Gobierno de Zapatero no ha hecho más que dar respuesta al ejercicio de competencia desleal de estos países con una decisión que, además, debe reforzar aún más la confianza de los ciudadanos en las entidades con las que ha trabajado estos años. No hay, al menos de momento, ningún riesgo de que su dinero se volatilice.
En cuanto al fondo estatal para la compra de activos bancarios, viene en un momento muy adecuado. El Ejecutivo Central sabe que el cuello de botella de la falta de liquidez de los bancos está ahogando la economía de muchas empresas y familias y ataca este problema operativo para que el sistema gane en fluidez. Si el mercado interbancario no permite la inyección de dinero necesaria para que la máquina ruede, alguien tendrá que hacerlo, y ese alguien no puede ser otro que el Gobierno.
El espíritu de la medida es el mismo que también se aprecia en la decisión de la Junta de Andalucía de habilitar un fondo para prestar dinero a empresas de trayectoria solvente que atraviesen problemas de liquidez. Tanto en uno como en otro caso, habrá que vigilar con celo a quién se da el dinero para evitar agravios comparativos, pero pocos pueden dudar de que es necesaria la intervención pública en el mercado para evitar que los excesos de algunos terminen por generar una situación de parálisis. Ahora es el momento de transmitir confianza. Y eso sólo lo puede hacer quien tiene capacidad para hacerlo: las Administraciones públicas.
