La Ley de Memoria Histórica, estancada desde que vio la luz en enero, ha echado a andar. El Gobierno aprobó cuatro reales decretos que la desarrollan y uno de ellos reconoce oficialmente el estatus de víctima del franquismo a los represaliados durante la Guerra Civil y la posguerra.
El Ministerio de Justicia expedirá un certificado -de valor simbólico, ya que no otorga derechos económicos- a todas las víctimas y sus familiares en reconocimiento de que sus fusilamientos, encarcelamientos, torturas o trabajos forzados por motivos políticos fueron injustos. La democracia repara así el daño moral causado por la dictadura y rehabilita el nombre de todos los represaliados.
Las asociaciones de memoria pedían la anulación de todos los juicios, pero el Gobierno ha optado por esta vía simbólica sobre todo por la presión del mundo judicial, contrario a una revisión completa de la justicia franquista. Con el segundo de los decretos, el Ejecutivo también resuelve un problema pendiente hace 30 años: el de las personas que ni fueron fusiladas por el franquismo -cuyos familiares fueron reparados económicamente en los 80- ni se pudieron acoger a la ley de víctimas del terrorismo, en la que se incluyen todos los asesinados desde 1968, año del primer muerto a manos de ETA, Melitón Manzanas. Es, en definitiva, una compensación para los familiares de los que fallecieron luchando por la democracia en la Transición.
Son víctimas que, como los cinco fallecidos a manos de la Policía en Vitoria en 1976, se habían quedado fuera de todas las reparaciones. El Gobierno establece una reparación de 135.000 euros (la misma que reciben las víctimas del terrorismo) para los familiares directos de estas personas. También establece ayudas para aquellos que sufrieron alguna lesión en ese periodo que les dejó incapacitados.
Los otros dos decretos permiten obtener la nacionalidad española a los brigadistas internacionales sin renunciar a la suya (algunos países lo exigían) y recuperar documentos de carácter privado que fueron incautados y permanecen en el archivo de la Guerra Civil en Salamanca.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega explicó que con esto se pretende desarrollar la ley -aún quedan los puntos más polémicos, como el mapa de fosas o la eliminación de los símbolos franquistas- y "hacer justicia" con los represaliados.
La norma. El Gobierno ha puesto el pie sobre el acelerador para reactivar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica después de que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, resucitara la polémica al pedir un censo de los desaparecidos del franquismo. Según se supo la semana pasada, además, serán investigadas también las víctimas que militaban en el bando del dictador.
Todo ello, en virtud de una norma que reconoce "el derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal y familiar". La ley declara "el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa".
