El pleno del pasado 22 de abril en el que se disolvió la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir. FOTO: A. Poveda
Los ayuntamientos que componían la disuelta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir esperan que antes de que acabe junio el Gobierno central arbitre una serie de modificaciones normativas que permitan que los consistorios puedan recibir préstamos y anticipos a largo plazo con vistas a pagar nóminas atrasadas de los trabajadores y deudas contraídas con los pequeños y medianos proveedores. La modificación de la normativa estatal en concreto, de la Ley de Racionalización permitirá realizar operaciones de crédito a largo plazo, con el aval de los tributos a través de las diputaciones. La deuda contraída se abonará en un plazo de 20 años, por lo que no se pondrá en riesgo a los once ayuntamientos que atienden a 270.000 ciudadanos.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, se reunió ayer con la comisión liquidadora de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, donde subrayó el buen entendimiento entre las administraciones implicadas Gobierno central, autonómico, diputaciones y ayuntamientos para resolver «en el menor tiempo posible» la deuda de 42 millones de euros pendiente con los demandantes de impagos de la entidad.
A la espera de que se materialice el acuerdo entre las administraciones para facilitar los créditos y que los consistorios puedan asumir la liquidación, Valderas espera poder dar una respuesta antes de que finalice junio.
Los municipios deberán pagar 8,5 millones de euros de las nóminas de los trabajadores, 17 millones para los proveedores y los 16,5 restantes en relación a la deuda con la Seguridad Social y Hacienda, así como los reintegros a programas no ejecutados o no justificados, o deudas con las entidades bancarias. No obstante, Valderas considera que ahora es «urgente» conseguir el «oxígeno financiero» necesario para abordar la deuda a trabajadores y proveedores. Un compromiso que el presidente de la Plataforma de afectados por los impagos de la Mancomunidad, Manuel Ángel Caro, califica de «positivo».
El pasado viernes, la Junta de Andalucía ya asumió la concesión de anticipos reintegrables a los ayuntamientos con el fin de que afronten la deuda con trabajadores y proveedores sin que ellos signifique la merma de los servicios públicos de los municipios y su estabilidad. Dichos adelantos, que se realizarán con carácter de inmediato, tendrán cargo en la participación de los municipios en los Ingresos del Estado (PIE) y en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica).
Por su parte, la presidenta de la comisión liquidadora de la mancomunidad y alcaldesa de Lebrija, María José Fernández, aseguró que los once ayuntamientos asumen de manera solidaria las obligaciones con trabajadores y proveedores y agradece la «sensibilidad» de Gobierno y Junta ya que ayudará a los consistorios a asumir los pagos prioritarios «en cuanto a indemnizaciones, nóminas no pagadas y deudas contraídas» con los que prestaron servicio en la mancomunidad.
