El Gobierno aprobó ayer un proyecto de Ley de Extranjería que castiga a quien incita y apoya la inmigración ilegal, aunque no sanciona el "acogimiento humanitario". El texto, además, amplía el plazo de internamiento a 60 días y limita a mayores de 65 años la reagrupación de ascendientes.
Entre otros cambios se modificó la redacción del artículo 53, que había suscitado polémica en diversos ámbitos porque parecía perseguir la hospitalidad, la acogida y el trabajo de las ONG con los inmigrantes en situación irregular. No obstante, otros aspectos que levantaron críticas entre las ONG, como la ampliación a 60 días del plazo máximo de internamiento en centros para extranjeros que van a ser expulsados, se han mantenido.
Es el caso también de la reforma de la reagrupación familiar, que si no se modifica en las Cortes, quedará limitada al ámbito de la familia nuclear (cónyuges o equivalente e hijos menores de edad o dependientes), restringiendo la posibilidad de reagrupar ascendientes a aquellos casos en que los padres o suegros sean mayores de 65 años o necesiten hacerlo por razones humanitarias.
Así lo explicó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que apuntó que con este nuevo texto se pretende "pasar de una ley de extranjería a una de inmigración". El proyecto de ley será enviado al Congreso para su tramitación parlamentaria. Así, la vicepresidenta destacó que el proyecto de ley "perfecciona el sistema de flujos migratorios en función del mercado de trabajo", intensifica la lucha contra la inmigración irregular y favorece la integración de los inmigrantes mediante iniciativas educativas.
Está prevista la creación de un registro de entradas y salidas de los extranjeros para mejorar el control preventivo de la estancia irregular. Además, las órdenes de expulsión podrán conceder un plazo entre 7 y 30 días para que se abandone voluntariamente España, y se impondrán plazos de prohibición de entrada de un máximo de 5 años.
El texto también mejora las garantías en los procedimientos de expulsión introduciendo el principio de proporcionalidad para graduar las propuestas de sanción. Además, se acotan las posibilidades de suspensión del plazo de internamiento a los supuestos de solicitud de asilo o hábeas corpus, por un tiempo tasado y se establecen los plazos máximos de suspensión. En cuanto a los menores no acompañados, el texto prevé la celebración de una audiencia del menor en la repatriación.
Otra de las grandes novedades es la que afecta a las extranjeras víctimas de violencia de género que se encuentren en situación irregular. Con el redactado actual, se garantiza que ninguna mujer en estas circunstancias será sancionada por ello mientras no se resuelva judicialmente el procedimiento por malos tratos. Asimismo, se contempla la posibilidad de que se le conceda autorización de residencia y trabajo mientras espera la sentencia.
El texto, que incorpora la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y transpone las directivas europeas, es "equilibrado y garantista", dijo De la Vega. Con esta reforma, el Gobierno confía en lograr una inmigración "legal, ordenada, integrada, con derechos y obligaciones de ciudadanos", para lo que ha "apostado por el consenso, el rigor y la eficacia". Tras destacar ciertos aspectos de la ley, que ahora comienza su trámite parlamentario, De la Vega expresó su confianza en que "todos los grupos políticos busquen, desde la responsabilidad, el consenso que necesita esta ley" y aseguró que el Ejecutivo mantiene "el espíritu de diálogo" con que se ha abordado la reforma.
El proyecto de ley orgánica aprobado ayer por el Gobierno es la cuarta reforma de ley de extranjería en ocho años. El texto aprobado reforma la ley del 11 de enero de 2000, que a su vez ha sido objeto de numerosas modificaciones. Fue modificada por primera vez un mes después de entrar en vigor, cuando el PP promovió un recorte en los derechos de los indocumentados.
