El Gobierno enviará este año a las Cortes un primer paquete de reformas judiciales, entre ellas las pactadas a finales de julio por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, pero también algunos asuntos que no están consensuados, como la regulación de los Consejos autonómicos de Justicia, según fuentes socialistas.
En concreto, el Gobierno aprobará las medidas legislativas para implantar en toda España la nueva Oficina Judicial, que pretende reorganizar el trabajo en los juzgados y hacer recaer las tareas más administrativas en los secretarios judiciales para que los jueces puedan concentrarse en juzgar. Esta iniciativa supondrá la modificación de una veintena de leyes, algunas de ellas orgánicas.
Además, propondrá un endurecimiento de las penas para los delitos sexuales y la creación de un registro de pederastas, asuntos en los que están trabajando ya los técnicos de Justicia y que serán consensuados con el PP.
Por otro lado, el Ejecutivo prevé presentar el próximo otoño un proyecto de ley orgánica para regular los consejos autonómicos de justicia, un proyecto de ley que no consiguió sacar adelante en la pasada legislatura. El PP sigue viendo con recelo la existencia de estos órganos, que están previstos en todos los Estatutos de autonomía nuevos, aunque sólo el catalán desarrolla ampliamente sus atribuciones. Los socialistas quieren retomar este asunto y, como en 2005, proponer una única regulación por ley orgánica de todos los consejos autonómicos, pero sin cuestionar la unidad del Poder Judicial y que, por eso mismo, los consejos autonómicos tendrán las funciones que delegue en ellos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
