José Ortega Cano. / EFE
En una semana el extorero José Ortega Cano ha visto como se le cerraban dos puertas para eludir la condena de prisión impuesta por el accidente en el que perdió la vida el vecino de Castilblanco Carlos Parra. El lunes el Juzgado de lo Penal número 6 le denegaba la suspensión de la pena, asegurando que pese a estar enfermo podía seguir en prisión; y ayer, el Consejo de Gobierno le denegaba el indulto que solicitó. El Tribunal Constitucional es la única esperanza para el exmatador de toros. Junto a él el Gobierno también ha negado la medida de gracia al que fuera juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, al exalcalde de Marbella Julián Muñoz, y al expresidente balear Jaume Matas.
El extorero solicitó su indulto después de que la Audiencia Provincial de Sevilla confirmase la sentencia que le condena a dos años y seis meses de prisión por homicidio por imprudencia grave y dos delitos contra la seguridad vial. LaFiscalía se opuso a esta solicitud al considerar que «la peligrosidad de la conducta por la que fue condenado, no le hace merecedor del indulto solicitado», a lo que añadía que no existía ninguna «excepcionalidad» para otorgárselo. La familia del fallecido también mostró su rechazo. Dos opiniones sobre los que se basó la Sección Primera de la Audiencia para realizar su informe desfavorable, en el que se ha basado el Gobierno para rechazar el indulto.
Este no es el único intento de Ortega Cano por eludir la prisión, pues anteriormente solicitó la suspensión de la condena alegando motivos de salud, lo que fue rechazado tanto por el juzgado como por la Audiencia. Cuando ya tuvo que ingresar en prisión, el torero solicitó su excarcelación, insistiendo otra vez en que corría peligro en la cárcel por su enfermedad cardiaca. El forense del centro penitenciario de Zaragoza, donde está interno, concluyó que su «edad coronaria» es de 70 años, pese a tener 60, pero esto no implica ningún peligro. Es más, destacaba que en la cárcel contaba con la asistencia médica necesaria.
El torero también acudió ante el Tribunal Constitucional a pedir el amparo, al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales porque, entre otros motivos, la sangre que le extranjeron para fines médicos fue la que luego se empleó por Toxicología para determinar si había consumido alcohol, sin que él diera su consentimiento. Esta es la única vía que queda por resolver, aunque en un principio el Constitucional tiene aún que decidir si admite o no a trámite el recurso.
Por su parte, el abogado de la familia de la víctima, Luis Romero, mostró ayer su «satisfacción», más aún cuando «en la misma semana se le ha denegado la suspensión de la condena y el indulto. Son ya dos capítulos cerrados, porque hemos tenido que estar muy pendientes ante todos sus intentos de eludir la condena». «Finalmente cumplirá la pena que es lo que quiere la familia», añadió.
Asimismo, ayer también le fue denegado el indulto a Garzón, a Matas y Muñoz. Éste último fue condenado a siete años de prisión y diez de inhabilitación absoluta por malversación de caudales públicos y prevaricación continuada.
