El consejero de Economía estaba ayer «indignado» por el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno central presentará contra los planes de la Junta de reactivar la mina de Aznalcóllar, ya que frenará durante «cuatro o cinco años» el concurso para explotarla respaldado por todo el arco parlamentario regional. Los planes de la Junta de que la minería reactivase la economía del entorno dicen los estudios que el empleo aumenta un 35 por ciento tendrán que esperar a que el alto tribunal decida. El Ejecutivo central se ha aferrado a una norma preconstitucional, de 1973, que duda de las competencias de la Junta para regular la actividad minera. El Gobierno del PP lo ha hecho, además, sin previo aviso a la administración regional. «Es un día de luto para Andalucía provocado por la traición del PP», un «ataque brutal al empleo y a la riqueza» en la región, sentenció irritado el consejero José Sánchez Maldonado.
El Consejo de Ministros acordó ayer presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley de la Junta que permite reabrir la mina sevillana, solicitando su suspensión hasta que se resuelva; y contra el concurso internacional anunciado en enero para explotar el yacimiento, que preveía su apertura en primavera de 2015. La noticia sorprendió a la Junta porque, al revés que en otras ocasiones, el Gobierno no había desvelado su oposición a esta iniciativa.
La norma recurrida reserva a la Junta la actividad extractiva de la mina y encomienda que se adjudique su gestión mediante un concurso público. Pero el Gobierno considera que es inconstitucional porque, según la Ley de Minas de 1973, la facultad de reservar zonas para el aprovechamiento minero es del Estado.
La Junta se apresuró a responder que la norma impugnada «cuenta con el dictamen favorable del gabinete jurídico» y de un informe de la Universidad de Sevilla, y explicó que la ley de 1973 establece que el derecho minero se conceda al primero que lo pide, lo que el Gobierno andaluz tildó ayer de «invitación a la especulación». Por eso decidió en diciembre establecer la reserva minera, la única excepción que permite convocar un concurso público en el que poder fijar las condiciones para reabrir la mina, que en este caso pasaba por garantizar «la máxima protección ambiental» dado el oscuro episodio que vivió Aznalcóllar en 1998, cuando la rotura de una balsa de residuos inundó de lodo tóxico el área protegida de Doñana. De hecho, el concurso vetaba a la multinacional Boliden, que explotaba el yacimiento cuando se produjo la tragedia ambiental, y a cualquier empresa vinculada a ella.
La administración andaluza recordó ayer que el texto fue «convalidado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios» incluido el PP, y que la Junta actuó «de acuerdo con sus competencias» recogidas en los artículos 49 y 58 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Las reacciones al recurso no se hicieron esperar: además de la Junta, el sector minero, el alcalde de Aznalcóllar, el PSOE de Sevilla y CCOO lamentaron la decisión del Ejecutivo.
La patronal de empresas mineras Aminer lamentó que «muchas empresas que directa o indirectamente estaban trabajando para optar al concurso se verán perjudicadas», lo que «afectará negativamente a la imagen internacional de la faja pirítica y al interés de empresas de primer orden ante las oportunidades mineras de la comunidad». También la Junta señaló que «difícilmente se van a presentar ofertas ante la inseguridad jurídica que supone». Para la patronal, «la reactivación y el empuje que estaba experimentando el sector» se frena, retrasando «la creación de riqueza y empleo».
El alcalde de Aznalcóllar, Agapito Ramírez (IU-CA), consideró «un jarro de agua fría» esta paralización en una comarca «totalmente deprimida», con más del 30 por ciento de paro, y anunció que «el pueblo no se va a quedar callado». Se preguntó si el Gobierno hubiese actuado igual «si la mina estuviese en Valencia» y zanjó: «El Gobierno de Rajoy ayuda a las multinacionales, a los bancos y a las grandes corporaciones, pero actúa en detrimento de los trabajadores».
El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, consideró «una canallada más del Gobierno central a Andalucía» este recurso y anunció que estudiará la posibilidad de convocar movilizaciones. La líder del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, afirmó que «el PP quiere sepultar la labor para sacar de la crisis a una zona particularmente castigada» por el paro «en vez de trabajar con nosotros para apoyar estas soluciones».
