Un total de siete líneas ferroviarias, con 72 circulaciones a la semana, han sido ya suprimidas en Andalucía dentro del plan puesto en marcha por el Ministerio de Fomento para eliminar líneas no rentables. Son los datos que ofreció ayer en el Parlamento la consejera andaluza de Fomento, Elena Cortés (IU), que advirtió de los efectos socioeconómicos de eliminar estos servicios y reclamó al Ministerio que abra una vía de diálogo y no desmantele la red de media distancia en Andalucía.
Renfe ha puesto ya en marcha un plan de adecuación de servicios, donde se recogen los principales cambios en la oferta ferroviaria, y que entra dentro de la línea de trabajo abierta por el Ministerio para suprimir aquellas líneas que creen ineficientes por su baja ocupación o rentabilidad. En Andalucía las líneas afectadas cubren los trayectos Huelva-Jabugo, Sevilla-Llerena, Córdoba-Bobadilla, Algeciras-Ronda, Granada-Linares (donde se incluyen dos líneas: Granada-Moreda y Moreda-Linares) y Almería-Linares. Andalucía es una de las comunidades más afectadas, junto a Galicia, Extremadura o Madrid. Según las cifras oficiales de Renfe, el plan afectará a un 5,7% de los usuarios de los trenes de media distancia, unos 900.000 pasajeros. Cuando en la primavera de 2012, el Ministerio anunció esta supresión de trayectos ineficientes apuntó a 1,6 millones de personas afectadas. En Andalucía los datos que se manejan los ofrecen los sindicatos y apuntan a unos 30.000 usuarios perjudicados por los recortes en la oferta de trenes. Según la Consejería de Fomento, la estimación de población afectada, no de viajeros, son 260.000 más la población de Granada, Almería, Linares, Algeciras, Huelva y Córdoba. Es decir, un millón de personas, que es la suma de la población de las ciudades afectadas.
El plan de Renfe se empezó a poner en marcha en mayo y Andalucía es una de las comunidades donde primero se ha ejecutado la supresión de líneas. La consejera andaluz de Fomento se quejó ayer de que el Ministerio hable eufemísticamente de un plan de racionalización cuando es puramente de supresión e ignora por completo los efectos socioeconómicos de la prestación de estos servicios.Cortés consideró que la supresión de estos servicios es la antesala de la privatización de Renfe, objetivo último de toda esta operación de inspiración thatcherista.
El plan en ningún caso puede afectar a los trenes de cercanías que fueron declarados de obligación de servicio público y están protegidos por esta declaración al menos hasta junio de 2013. La Junta se quejó de que el Ministerio haya incumplido su obligación de consultar y fijar con las comunidades las prioridades en la oferta de trenes regionales y se quejó de que se restrinja la oferta con criterios meramente contables. En las reuniones celebradas entre el Gobierno y la Junta la oferta del Ministerio de Fomento es que sea la comunidad autónoma la que asuma o financie el coste de aquellas líneas que considere de obligado servicio público. No es de recibo que cuando pedimos al Ministerio que cumpla con su obligación, la respuesta sea que nos hagamos cargo nosotros, cuando son perfectamente conscientes, aunque no les guste, de que el Gobierno andaluz ya está realizando un enorme esfuerzo. En este sentido, Renfe, que defiende que no se cierran líneas sino que se suprimen servicios, informó de que la Junta ha denunciado el convenio que le obligaba a colaborar en la financiación de las líneas y el mantenimiento conjunto y aseguró que el Ejecutivo andaluz lleva seis meses sin abonar su parte.
Según los datos de la Consejería de Fomento, la privatización afectará de forma directa a viajeros que utilizan a diario los servicios de Cercanías y Media Distancia en Andalucía y que durante 2011 superaron en número los 25,85 millones. Una cifra que, defienden, va en aumento.
