El Nilo de Andalucía, como lo llamó Manuel Chaves cuando la Junta se congratulaba del traspaso del Guadalquivir desde el Estado a manos andaluzas, pasa por Extremadura y por Murcia y por Castilla La Mancha... Es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, por más que la Junta avale con datos su reivindicación: el 99% del uso del agua del Guadalquivir se produce en Andalucía; de sus 51.000 kilómetros, el 90% están en la comunidad andaluza; el 59% del territorio andaluz está afectado por este río y en sus márgenes viven 4,5 millones de andaluces (el 53% de su población).
De nada sirven estos porcentajes, tras el varapalo del Alto Tribunal. La sentencia anula esa cesión a Andalucía y establece una premisa clara: el río discurre por varias comunidades -es supracomunitario- y por tanto su gestión corresponde, según la Constitución (artículo 149.1.22), "en exclusiva" al Estado.
Una sentencia sin lecturas, aunque los socialistas andaluces han trabajado en los últimos meses porque el Constitucional se inclinara por un fallo interpretativo, como utilizó en algunos pasajes del Estatut catalán, bajo cuya literatura fuera más fácil salvar el espíritu de ese traspaso estrella. Además el pronunciamiento de los magistrados desde Madrid tiene efectos prácticos en la administración autonómica más allá de lo que supone como revés político.
El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, lanza "un mensaje de tranquilidad" y asegura que mientras "se encuentre el carril y la fórmula adecuada no habrá parálisis en la gestión". Y es que la transferencia del Guadalquivir no es solo una reivindicación en el Estatuto, sino una realidad que se materializó en un acuerdo político de gran envergadura e inusualmente rápido entre Junta y Gobierno. Traspaso que se aceleró para tapar el que fue el primer traspiés del Estatuto andaluz, justo después de que la ministra Salgado anunciara que no estaba dispuesta a saldar en plazo la llamada deuda histórica. Ese mismo otoño de 2008 se rubricó la primera transferencia de una cuenca supracomunitaria, un acuerdo llamado a ser -se dijo entonces- patrón para un nuevo modelo de gestión del agua en España.
Las aguas del Guadalquivir están gestionadas por la Junta desde el 1 de enero de 2009. Desde entonces, el Parlamento ha aprobado una Ley de Aguas -que puede salir tocada y que recoge en su articulado la competencia sobre el río- y ha reforzado la Agencia Andaluza de Aguas. La integración del casi millar de funcionarios (704) de la Confederación Hidrográfica en el organismo autonómico ha costado una dura guerra al Gobierno andaluz y ha sido uno de los focos de su grave conflicto con los funcionarios por la reordenación del sector público. Han existido problemas con los regantes, en contra del traspaso y del nuevo uso del agua que fija la ley andaluza, y también con los ecologistas. Desandar el camino emprendido por la Junta puede suponer un grave estropicio en términos administrativos ya que supondría desmontar toda una macroestructura en torno al agua que la Junta ha tejido en los últimos meses con gran esfuerzo y desgaste, además de coste. A diferencia de lo que ha pasado con el Duero y Castilla y León, cuya competencia también ha anulado el Constitucional pero que nunca ha sido transferida.
"Ahora la política tiene un papel central", admite el consejero de Medio Ambiente, convencido de que "hay voluntad clara de hacer posible lo necesario y lo justo" y de dar "una salida de derecho" a la gestión andaluza del Guadalquivir.
Lo que queda es que los presidentes Griñán y Zapatero sean capaces de cerrar un acuerdo político en su reunión de mañana lunes en Madrid que permita la cuadratura del círculo: acatar y dar cumplimiento a la sentencia del Constitucional sin que Andalucía tenga que desprenderse de las competencias que actualmente ejerce. En la Junta están convencidos de que hay margen legal y de que sobra voluntad por ambas partes para lograr el encaje. Por más que no se pueda perder de vista que el Gobierno debe medir sus gestos en esta batalla del agua y que, tras el revés del Constitucional a Cataluña, Zapatero no ha movido ficha más allá de expresar su deseo de "paliar el daño" que la sentencia al texto catalán.
La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, asegura que su departamento está trabajando desde el primer momento para buscar una salida a la gestión andaluza del Guadalquivir y confía en que la reunión entre los dos presidentes sirva para dar una respuesta "con el Estatuto como marco de referencia". Ya el Gobierno ha apuntado al artículo 50, que habla de las competencias de Andalucía en "las aguas que discurren íntegramente por la comunidad" como salida. Otra posibilidad jurídica sería acudir al artículo 150.2 de la Constitución, que abre una rendija para que el Estado delegue competencias exclusivas en las comunidades. Lo que sea, aclara Aguilar, se apuntará en la cumbre de los presidentes.
La Junta está dispuesta al diálogo con el resto de comunidades afectadas y Extremadura ha tendido la mano. Díaz Trillo defiende que desde 2009 ha existido "cooperación" con estas comunidades afectadas en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, un órgano estatal que, recuerda, sigue existiendo. Lo que sí tiene claro el titular de Medio Ambiente es que desde que en 2005 Andalucía recibió los primeros traspasos en política de aguas (con las cuencas Mediterránea y Atlántica) "ha existido una considerable mejoría en la gestión", defiende.
El 51 del Estatuto fue un artículo muy polémico, en el que Andalucía, sobre todo PSOE e IU, pusieron una fuerte carga simbólica y política. El Guadalquivir se convirtió durante la tramitación estatutaria en una especie de emblema para resumir la máxima aspiración andaluza al autogobierno. Siguiendo la estela del Estatut catalán, Andalucía quiso picar en lo más alto e introdujo el traspaso sobre el Guadalquivir tanto en el articulado como en una polémica disposición adicional en la que pedía al Estado que acudiera a la vía del artículo 150.2 de la Constitución para transferir competencias exclusivas del Estado, como el río, puertos y aeropuertos. Esa cláusula se eliminó completamente al paso del texto estatutario por el Congreso de los Diputados.
El artículo sobre el Guadalquivir -que llegó como el 50 y salió como el 51- también se matizó. La redacción definitiva pactada en Madrid y a la que se sumó el PP matizó que las competencias exclusivas de Andalucía se restringían a "las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma" y además añadía al final la coletilla del "sin perjuicio de lo previsto en el artículo 149.1.22 de la Constitución".
El PSOE federal, capitaneado por el diputado socialista Alfonso Perales, y el PP nacional, con Soraya Saénz de Santamaría al frente, podaron todo aquello que en el texto pudiera presentar dudas de inconstitucionalidad. Y con la complicidad del entonces secretario de Estado con las Cortes, hoy ministro de Justicia. Le costó mucho a los políticos convencer a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que se opuso totalmente y trató de abortar los argumentos políticos aunque finalmente la redacción y el traspaso fue acordado milimétricamente con el Ministerio.
El PSOE ya trató el pasado septiembre de adelantarse a un fallo adverso sobre la actual política de aguas y convocó en Ferraz a las distintas comunidades para explicarles las líneas básicas del nuevo marco legal hidrológico que planea el Estado. En el Ministerio de Medio Ambiente, no obstante, consideran poco probable que esta legislatura pueda aprobarse una modificación de la ley nacional de aguas. La intención que declaró entonces el Gobierno fue la creación de un nuevo ‘Ente Gestor Global' dedicado a "coordinar" todas las demarcaciones hidrográficas y que permitiera mantener a salvo las competencias exclusivas del Estado en la planificación hidrológica. No se sabe cuál será la fórmula política, mañana en La Moncloa se despejarán algunas incógnitas.
