Las discrepancias habituales entre el interventor, los técnicos de distintas áreas y el propio gobierno local subieron de tono ayer en el Consejo de la Gerencia. Después de que ya en varias ocasiones se hayan aprobado acuerdos en contra del criterio del alto funcionario, éste reclamó ayer en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo, tanto públicamente como por escrito, la apertura de un expediente disciplinario al jefe de servicio de Infraestructuras Locales y Coordinación de la Vía Pública al sentirse insultado por uno de sus informes. La Delegación de Urbanismo resolvió la discrepancia entre el técnico y el interventor, y lo hizo a favor del primero aprobando el expediente aunque estudia tomar medidas.
El conflicto se desencadenó por un conflicto aparentemente menor: el proyecto de obras de adecuación del colegio Lora Tamayo. Tras una serie de modificaciones, el expediente necesitaba de una revisión, cuya urgencia motivo la convocatoria en la mañana de ayer de un consejo de la Gerencia de Urbanismo extraordinario. Pero, para el interventor no bastaba con una revisión del expediente, ya que suponía un “reajuste presupuestario y una modificación sustancial de las condiciones”. Hasta aquí, una discrepancia normal. Pero en la respuesta del jefe de servicio de Infraestructuras Locales y Coordinación de la Vía Pública, éste, en su informe, apunta que las “observaciones del interventor sólo pueden ser producto del desconocimiento”, se tildan de “absurdas” sus consideraciones y se concluye que se trata de una interpretación “torticera”. Además, se culpaba al interventor de “demorar” la tramitación del expediente sin justificación e incumpliendo el plazo de la Ley de Contratos del Sector Público. La respuesta técnica de este informe viene respaldada además por un informe jurídico del servicio de Contratación de Administración y Economía.
Pero el problema fueron las formas, que encontraron inmediata respuesta en otro informe del interventor general: “El jefe de Servicios de Infraestructuras realiza manifestaciones carentes de rigor, a la vez que injuriosas, ane las observaciones formuladas por esta intervención en el ejercicio de su función fiscalizadora. En las manifestaciones se intenta trasladar la posible responsabilidad por la morosidad en el pago de estas obligaciones basándose en la tardanza de esta intervención para fiscalizar los documentos cuando como dato objetivo puede constatarse que esta Intervención emitió y trasladó el informe de fiscalización en un plazo de siete días (...) La única explicación posible es la de menoscabar el buen hacer y profesionalidad del órgano fiscalizador”. Por este motivo, el interventor general del Ayuntamiento pide que se incoe expediente para adoptar “las medidas disciplinarias” procedentes. Según fuentes consultadas, esta petición se realizó de viva voz en el Consejo de la Gerencia.
El gobierno resolvió la discrepancia aprobando el acuerdo tal y como lo defendían el jefe de servicios de vía pública. Respecto a las formas, según informaron fuentes de Urbanismo, se está analizando lo ocurrido para evaluar si procede o no abrir un expediente al técnico.
