El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha archivado la causa que investigaba las irregularidades en la identificación de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42 en 2003. Argumenta que hubo errores que causaron daños morales, pero que no revisten responsabilidad penal.
Los errores en la identificación de los cadáveres de los soldados, que murieron el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía), no encajan, según el juez, en el delito de falsedad documental y no revisten "relevancia penal".
Marlaska reconoce que dichos fallos, que llevaron a algunas de las familias de las víctimas a exhumar los cuerpos, causaron daños morales. Asimismo, el juez deja abierta la posibilidad a la reclamación de responsabilidades por vía no penal.
El magistrado tampoco considera que los hechos denunciados sean constitutivos de un delito de prevaricación, tal y como sostienen algunas de las acusaciones, porque los trámites administrativos, "consecuencia de la catástrofe del Yak-42", no tienen carácter de resolución.
62 militares españoles fallecieron, y las familias de 30 de ellos aún no están completamente seguras de si los restos que visitan en el cementerio es el de su familiar. Sin embargo, Marlaska sostiene que los documentos que certifican las muertes no son falsos y, por lo tanto, no hay delito.
Al archivar estas diligencias, el juez de la Audiencia Nacional cierra por completo la investigación sobre el accidente, ya que el pasado agosto sobreseyó definitivamente la parte de la investigación relativa a la contratación del avión.
La Fiscalía ya ha anunciado que va a recurrir este nuevo archivo porque, al contrario que el juez Marlaska, cree que el general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez cometieron falsedad en la elaboración del informe de necropsia de los fallecidos.
