La decisión del magistrado implica que el ex alcalde de Camas Agustín Pavón (IU), los ex concejales Enrique Fraile y José del Castillo, y el empresario Eusebio Gaviño se sentarán ante un jurado popular por el presunto soborno a una concejal camera para que cambiase el sentido de su voto en un pleno municipal a favor de unas cuestiones urbanísticas.
La decisión del magistrado se produce después de que el pasado 7 de mayo se celebrase la audiencia preliminar del jurado, en el que las acusaciones solicitaron la apertura de juicio oral y las defensas el sobreseimiento del caso. Además, algunos abogados defensores reclamaron la suspensión de la vista porque había varios recursos pendientes de resolución en la Audiencia contra la decisión de enjuiciar el caso por le procedimiento del jurado. Sin embargo, el juez consideró al igual que la Fiscalía, que los citados recursos no tenían carácter suspensivo, por lo que desestimó la petición.
La investigación del caso ha llegado a su fin después de cuatro años y ocho meses, ya que se ha visto dilatada en un principio por los cambios de juez que sufrió el juzgado y luego por los numerosos recursos que han presentado las defensas.
Uno de estos recursos fue el que logró que un quinto imputado, el ex edil de Castilleja de Guzmán Aureliano Lucas, fuera exculpado, después de que la Audiencia decretara la nulidad de las escuchas telefónicas. Los magistrados anularon el pinchazo al teléfono de Gaviño al considerar que el auto que autorizaba dicha intervención "ofrece un vacío total y absoluto de motivación" ya que en éste "no se consigna un solo indicio real que permitiera al juez una presunción razonable de los supuestos delitos" denunciados. Al anularse esta prueba, hubo que retrotraer las actuaciones al momento previo de la presentación de los escritos de calificación de las acusaciones.
Esto provocó que tanto la Fiscalía como la acusación popular, ejercida por el PSOE, tuvieran que calificar de nuevo los hechos. El Ministerio Público volvió a solicitar las mismas penas que había pedido con anterioridad, aunque sacando del relato de los hechos a Lucas.
Según el fiscal, los cuatro acusados, "con la intención de desatascar la situación del Ayuntamiento", acordaron sobornar a la ex concejal Carmen Lobo, a la que supuestamente entregaron un sobre con 12.000 euros para comprar su voto. Por estos hechos, les reclama un año y medio de prisión.
Los acusados, en cambio, mantienen su inocencia y aseguran que se trató de "una trama orquestada por el PSOE para hacerse con la Alcaldía de la localidad aljarafeña.
