Vecinos de la promoción Isbylia de Sevilla Este en una de sus numerosas protestas.
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla ha admitido la petición de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y ha declarado el concurso necesario de acreedores de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y responsable de la construcción de la promoción Isbylia del Polígono Aeropuerto de Sevilla, formada por 583 viviendas que siguen sin acabar pese a que debería haber sido entregada a sus adjudicatarios en 2010.
Según indicaron a Europa Press fuentes judiciales, el juzgado ha notificado en un auto de fecha 19 de febrero que ha admitido el concurso necesario de acreedores de dicha fundación, concurso que había sido instado por la Sareb el pasado mes de noviembre. El conocido como banco malo explicó entonces que su intención no era liquidar la sociedad, sino apartarla de la gestión para agilizar la terminación de las viviendas, lo que según la Sareb costaría tan sólo seis millones de euros frente a los 50 ya invertidos, puesto que la obra está al 95 por ciento.
Las fuentes explicaron que con esa decisión judicial se ha acordado suspender de sus facultades a los actuales administradores ordinarios y sustituir a la actual administración por administradores concursales, que ya han sido nombrados.
Estas fuentes precisaron que entre los «incumplimientos» que contempla el auto y que han sido determinantes para la declaración del concurso figuran «la falta de terminación y entrega de las viviendas y la no devolución de las cantidades abonadas a cuenta, el impago de las mercancías y los servicios para ejecutar la promoción, o el no pago de las cuotas de financiación».
Fuentes de la Sareb mostraron ayer su «satisfacción» por el auto y consideraron que el concurso de acreedores necesario «es la mejor opción para proteger sus intereses, los de los adjudicatarios y los de los principales proveedores de la promoción».
Las fuentes de la Sareb agregaron que el objetivo era finalizar las obras y que el concurso pondrá orden en las cuentas de la sociedad y permitirá la finalización de la promoción «bajo la supervisión judicial y con plena garantía sobre el control de ingresos y pagos».
Esta vía mercantil es independiente de la vía penal iniciada contra la fundación por impago de cantidades por parte de los compradores que aportaron una media de 20.000 euros y los suministradores que denuncian que las obras realizadas y no pagadas suman tres millones de euros. También es independiente de las diligencias que la Fiscalía abrió, y posteriormente archivó, por el supuesto desvío de 14 millones de euros de los trabajos, también denunciado por la Sareb y que no quedó constatado durante la investigación.
Asimismo, la Sareb mostró su disposición a colaborar con la administración concursal para la finalización de los trabajos en dos de los tres bloques que faltan por concluir. Según sus cálculos, las labores que restan para concluir las VPO podrían hacerse en el plazo de dos meses en uno de los bloques y en cuatro meses en el otro.
El pasado mes de noviembre, la Sareb instó ante los juzgados de lo Mercantil de Sevilla el concurso de acreedores necesario de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, asegurando que lo hacía después «tras la constatación absoluta de la insolvencia tanto económica como jurídica» de esta entidad. La Sareb, que es la principal acreedora de la fundación, afirmaba que había adoptado esta decisión para proteger sus intereses, los de los adjudicatarios de las viviendas y los de los proveedores «una vez agotadas todas las vías extrajudiciales posibles» ya que previamente, en agosto, habían ofrecido a la fundación aportar los seis millones de euros que faltaban para terminar la obra con la condición de contar con la garantía de la CEA. Sin embargo, ante la negativa de la patronal, la Sareb decidió instar a un concurso que aportaría «claridad» y pondría en orden las cuentas, para poder finalizar la obra.
La Sareb ya se había hecho cargo previamente del crédito de 50 millones concedido inicialmente por Bankia después de que la CEAaceptase dar esta misma garantía. En segunda ocasión, según el banco malo, la fundación no sólo no había puesto facilidades para continuar con los trabajos sino que había tratado de «obstaculizarlos».
En los juzgados sigue habiendo dos causas abiertas por la paralización de esta construcción de más de medio millar de viviendas protegidas. En una, los adjudicatarios reclaman la devolución de las cantidades que entregaron a cuenta y que no están localizadas, a pesar de que por ley deberían estar inmovilizadas y garantizadas. En otra, un juzgado ha imputado por estafa a la anterior cúpula de la CEA, después de la denuncia que presentaron siete empresas subcontratistas. La juez de Instrucción 3 apreció indicios «que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», por lo que ha citado a declarar el próximo 5 de marzo a los directivos de la CEA, encabezados por su anterior presidente, Santiago Herrero; y en los días siguientes a los responsables de la constructora Dolmen y a varios testaferros.
