Al no acudir a la comparecencia, el juez ha planteado la posibilidad de autorizar una comisión rogatoria. Este procedimiento es una especie de comunicación legal de auxilio de la autoridad española a otra extranjera para que practique actos de instrucción o diligencias en el ámbito territorial de su competencia. El trámite de la comisión rogatoria incluye la posibilidad de que un fiscal español se desplace al país de residencia de Sean Connery -ahora vive en Las Bahamas- y que el juez envíe unas preguntas concretas a su homólogo para trasladárselas al actor.
El magistrado del caso, Ricardo Puyol, ya advirtió de que en caso de incomparecencia, "podrán utilizarse todos los medios legales previstos tanto en la legislación nacional como internacional para obligarles a ello". El juez había ordenado que, junto a las cédulas de citación, se les remitiera a los imputados un resumen del objeto de las actuaciones traducido al inglés. La comisión rogatoria permitiría continuar con la tramitación de esta causa en la que están imputadas 20 personas por corrupción urbanística, entre ellas el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, el ex asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, y el propio Connery.
Carta del embajador.
Medio centenar de periodistas aguardaban ayer la posible llegada del primer actor que encarnó a James Bond ante el juez. El magistrado intenta dirimir si se han cometido delitos, entre ellos de blanqueo de capitales, tras la recalificación de una parcela de Marbella donde estaba el chalé Malibú, propiedad del actor, y donde el matrimonio pasó sus vacaciones hasta 1999. Sobre ese mismo solar, en primera línea de playa, se construyeron después 72 apartamentos de lujo en un edificio de cuatro alturas, terminado entre 2004 y 2005 y conocido con el mismo nombre del anterior inmueble.
El titular del juzgado fijó la fecha de la declaración de ayer después de que representantes de las autoridades británicas en España facilitaran el domicilio exacto del matrimonio Connery en Las Islas Bahamas y trasladaran al juez el interés del actor por conocer los pormenores del proceso judicial.
El magistrado llegó a protestar ante el Consejo Judicial del Poder Judicial (CGPJ) por una carta del embajador de Reino Unido en España, Giles Paxman, que consideró intimidatoria y que, según el juez, podía ser "un atentado a la independencia de un órgano judicial español". En la carta se decía que Connery podría demandar a los responsables de hacer pública su imputación. "Sir Sean ha manifestado que la mera revelación pública de estos supuestos procedimientos penales no sólo afecta a su imagen pública, sino también le causa un perjuicio financiero notable, evidente y cuantificable", indicó el embajador, que dijo que "el actor escocés se reserva el derecho de poner una demanda contra los responsables".
Sin embargo, el Poder Judicial acordó por unanimidad que no cabía dar amparo al juez y que éste podía "abordar este asunto mediante la resolución jurisdiccional que proceda dentro de la causa", así como dirigirse al citado embajador si así lo consideraba oportuno.
