El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz solicitó ayer a China que le permita interrogar como imputados a tres ministros y cinco altos cargos de este país por su presunta implicación en la represión que se produjo en Tíbet en marzo de 2008 y que se saldó con más de 200 muertos.
En una providencia dictada ayer, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 cursa una comisión rogatoria a las autoridades chinas para que los ocho imputados "manifiesten si desean prestar declaración" en la Audiencia Nacional o ante un tribunal de su país, en cuyo caso una comisión judicial española encabezada por el propio magistrado se desplazaría al país asiático para realizar los interrogatorios.
Pedraz también pide a la Justicia china que comunique a los afectados la acusación que pesa en su contra, que consistiría en "un crimen contra la humanidad y, en concreto, en un delito de lesa humanidad" por la presunta comisión de muertes, lesiones graves, desapariciones forzadas, detenciones, privaciones de libertad y torturas. Añade que, a la vista de estos hechos, la población tibetana se constituiría como "un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".
más de 200 muertos. Los tres ministros imputados son el titular de Defensa, Lian Guanglie; el de Seguridad del Estado y viceministro de Seguridad, Geng Huichang; y el de Seguridad Pública, Meg Jianzhu. Además, la acción penal se dirige contra el secretario del Partido Comunista chino en la región autónoma de Tíbet, Zhang Qingli; el miembro activo del Politburó en Beijing, Wang Lequan; el líder de la comisión de Asuntos Étnicos, Li Dezhu; el general Tong Guishan, comandante del Ejército de Liberación Popular de la capital del Tíbet (Lhasa); y el general Zhan Guihua, comisario político del comando militar de Chengdu.
La querella fue presentada por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT), la Fundación Privada Casa del Tíbet y la asociación Thubten Wangcheg Sherpa Sherpa, que denunciaron tres días antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos de Pekín los "delitos de lesa humanidad cometidos contra la población tibetana". Según sus cálculos, la actuación del Ejército chino provocó "al menos 203 muertos, más de 1.000 lesionados graves y 5.972 detenidos y desaparecidos".
En el marco de esta causa, Pedraz interrogó el 27 de abril a We Jin Gsheng, conocido como "el padre de la democracia china" y candidato en varias ocasiones al Nobel de la Paz tras permanecer durante años en cárceles chinas por su condición de disidente. El testigo denunció las torturas que el régimen comunista chino comete a sus presos políticos.
Según los querellantes, los siete altos cargos del Gobierno chino dirigieron "una matanza sistemática y generalizada" contra la población tibetana así como la realización de "lesiones graves, torturas y desapariciones forzadas" que fueron cometidas desde el 10 de marzo de 2008. En su escrito, les imputa "la supuesta causación intencionada de muerte o legiones graves, la desaparición forzada, la detención y privación de libertad con infracción de las normas internacionales al efecto y las torturas denunciadas", lo que convertiría al pueblo tibetano en "un grupo o colectivo perseguido" por las autoridades chinas "por motivos políticos".
