Poco a poco van trascendiendo detalles de la denuncia de la Fiscalía a Manuel Ruiz de Lopera. Así, el juzgado a quien ha correspondido la denuncia contra el máximo accionista pedirá una auditoría del club y llamará a declarar a los denunciantes, la asociación Béticos por el Villamarín.
Fuentes judiciales han explicado a Efe que la denuncia ha correspondido al juzgado de instrucción 6, que previsiblemente tomará entre sus primeras medidas llamar a los representantes de Béticos por el Villamarín para que ratifiquen su denuncia, ya que una hipotética declaración de Lopera como imputado no se produciría hasta que la juez disponga de una auditoría que confirme los hechos presuntamente delictivos.
En principio, la idea que tiene la plataforma opositora a la gestión de Lopera al frente del conjunto verdiblanco es la de ratificar las denuncia presentada ante la fiscalía, aunque Hugo Galera, una de las cabezas visibles de este movimiento opositor, afirmó que "lo único que queremos es defender los intereses de los accionistas minoritarios, Queremos se la Justicia investigue, si resulta que todo está correcto en la gestión del club, pues todos contentos. En caso contrario, tampoco queremos cebarnos con una persona en el estilo que éste ha desarrollado en los últimos quince años".
En estas palabras que afirmó a Canal Sur, Galera da a entender la posibilidad de llegar a algún tipo de pacto para que Lopera venda sus acciones a los béticos y democratice el club, petición que le viene haciendo a Lopera desde distintos foros.
Cabe destacar también que la auditoría del Betis y las sociedades citadas en la denuncia de la Fiscalía podría encargarse a una entidad privada o a algún organismo oficial como la Cámara de Cuentas, han añadido las fuentes. El Betis es auditado todos los años y sus cuentas han sido aprobadas por unanimidad en las juntas generales de accionistas desde 1992 salvo en la última de 2007, cuando las cuentas fueron aprobadas por mayoría.
Los plazos. En cuanto al desarrollo temporal de la denuncia a Lopera, desde el club se indicó ayer que el plazo podría ser de hasta un año, aunque otras fuentes hablan de la posibilidad de que antes de las vacaciones de verano se llegue a la resolución de un caso que tiene muy preocupado a Lopera y su entorno.
