La sexta jornada del juicio del caso Malaya, contra la corrupción urbanística en Marbella, tuvo un protagonista indiscutible: Andrés Liétor. Y eso que el empresario no habló. Fueron sus abogados los que monopolizaron la sesión con intervenciones que alcanzaron las tres horas para repetir lo que ya habían dicho sus compañeros y pedir la anulación del proceso y de cada uno de sus autos. Pero antes, el profesor Pablo Luna, defensor de la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, pidió la nulidad de las intervenciones telefónicas y comparó el procedimiento con un "cáncer", en el sentido de que a la causa no le queda otro camino que ser anulada.
"No sé hasta dónde llega la metástasis de este procedimiento, no sé hasta dónde tiene el cáncer, no sé si ya tiene salvación o si tenemos que darle un tiempo caduco de finalización", se preguntó el profesor de Derecho Penal en la Universidad de Granada. El caso es "un Leviatán, un monstruo", debido a que el primer juez instructor del proceso, Miguel Ángel Torres, no era "imparcial" y ha existido "una nula protección de los derechos de los detenidos", dijo, a modo de reflexión en voz alta.
También reclamó la nulidad de las intervenciones telefónicas: la alcaldesa, explicó, fue investigada por participar en la moción de censura que descabalgó a Julián Muñoz de la alcaldía -agosto de 2003-; por tener competencias en urbanismo y tener como asesor a Juan Antonio Roca, ex asesor de Urbanismo y principal imputado en la causa. Ello sirvió para que se le pinchase el teléfono. Sin embargo, adujo Luna, "dos fiscales generales del Estado, Jesús Cardenal y Cándido Conde-Pumpido, investigaron la moción de censura sin llegar a un resultado acusatorio. Y, claro, ella tenía las competencias urbanísticas porque era la alcaldesa".
Volvió a hablar de que se hizo una investigación "prospectiva" y acusó al instructor de "evitar las posibilidades del derecho de defensa". "Se ha hecho un búnker instructorio de difícil ataque", expuso el penalista.
El representante procesal de la regidora exigió "limpieza mental" al tribunal, recordó los problemas de salud que presentaba Yagüe cuando fue detenida y trasladada de Marbella a Málaga "a velocidad de Fernando Alonso" sólo para preguntarle si era la alcaldesa del municipio en la Comisaría, y se quejó de que se había roto la cadena de custodia de los documentos informáticos requisados en los registros.
Trama empresarial. Ya pasadas las 12.00 horas del mediodía, intervinieron los letrados del empresario Andrés Liétor. El primero de los codefensores, Manuel Sanchís, indicó que la competencia sobre este caso le corresponde a la Audiencia Nacional, que ya ha investigado los procesos Saqueo 1 y Saqueo 2, que también afectan a Marbella, con malversaciones que llegan a los 4.500 millones de pesetas, en el primer caso, y 15.000, en el segundo -cuentas del letrado-. En el caso Malaya, según su cálculo, la defraudación llega a los 400.000 millones de pesetas. Conclusión: la Audiencia Provincial debe inhibirse en favor de la Nacional. No explicó la metodología usada para establecer esas sumas. Si ello no ocurre, dijo el abogado del empresario Andrés Liétor, debe ser un jurado quien analice la responsabilidad penal de Liétor, al ser el cohecho un tipo previsto en la ley que regula ese tribunal. Por otro lado, señaló que muchos de los asuntos que las acusaciones han traído al plenario podrían haber sido resueltos en el juicio del caso Saqueo 1 y otros causas similares, amén de denunciar decenas de vulneraciones. Hoy continuarán las cuestiones previas.
