"Proteger y preservar no significa paralizar el crecimiento", aseguró Planas para contrarrestar el principal argumento del PP. Ninguna de estas 40.000 futuras casas se verán afectadas por el decreto de la Junta, ya que se asentarán en "sectores de suelo ordenados y desarrollados", en los que aún no han entrado las grúas pero que cuentan con un plan parcial aprobado con el visto bueno del Gobierno andaluz. Son suelos que pertenecen a los pocos municipios que han adaptado sus PGOU al Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), un controvertido documento que se aprobó en 2006 -en pleno boom inmobiliario- y que limitaba los crecimientos urbanos al 40% del territorio o el 30% de la población.
De las 62 localidades costeras, solo diez han puesto sus planeamientos al día (el 11%). El resto tendrá que responder ante el nuevo decreto-ley. Y es que la mayoría de los municipios andaluces sigue teniendo planes en vigor inspirados por el exceso de cemento de los años 80 o 90, donde se prevén crecimientos de hasta el 200%. A partir de ahora, como medida cautelar, todo el suelo urbanizable costero que no tenga un ordenamiento urbanístico en vigor o proyectos ya en marcha no podrá ser construido. A partir de ahí se fija un plazo de dos años para que los ayuntamientos hagan sus deberes y se adapten al POTA. Si en ocho años no lo han hecho, directamente se aplicarán los límites de crecimiento fijados en la ley andaluza.
El consejero insistió ayer en el Parlamento que "no tiene sentido repetir los errores del pasado" y justificó la cruzada de su departamento contra el "urbanismo durmiente", proyectos "que permanecen en los cajones y que han quedado desfasados y sin sentido". La mayoría de esos proyectos llevan "dormidos" 15 años, señaló. Durante las últimas décadas, el crecimiento urbanístico en la costa andaluza ha sido desmesurado. Hace 50 años estaba ocupada el 7% de la línea más próxima a la playa -los primeros 500 metros-; hoy el porcentaje se eleva al 40%.
En enero se empezará a formular el Plan del Corredor del Litoral de Andalucía y, para ello, se creará una comisión en la que participará la Junta, el Estado y los ayuntamientos. El PP ya dejó claro ayer que no piensa apoyar la norma. Sus alcaldes han emprendido una batalla contra el decreto de la Junta, incluso desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), cuya presidencia accidental recae en la alcaldesa de Marbella, la popular Ángeles Muñoz.
La diputada del PP Alicia Martínez advirtió el "daño" que ocasionará esta ley sobre el turismo y avisó de "una oleada de recursos contra la Junta". Llegó a decir que el Gobierno andaluz quiere "intervenir la acción política de los municipios del litoral", casi todos en manos del PP, y defendió que las competencias urbanísticas recaen en los consistorios. Martínez criticó que el decreto es "un chantaje para cumplir el POTA" y tildó de "desastre" la política territorial de la Junta. PSOE e IU aplaudieron una norma "oportunísima".
