El ex primer teniente del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Pedro Román declaró ayer miércoles en el juicio del caso Malaya y rechazó que la participación del supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, en el presunto pelotazo urbanístico Crucero Banús influyera en los beneficios o perjuicios de la misma, al afirmar que eso dependía del mercado inmobiliario. La hija del ex edil, por su parte, se desvinculó de esta operación y del resto de los negocios de su padre.
La vista oral por el caso contra la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento marbellí se retomó el lunes con las declaraciones de los acusados sobre la operación Crucero Banús, comenzando, en concreto, por el interrogatorio del letrado Juan Hoffman, al que le ha seguido el de Román y el de su hija.
Las sesiones se retomarán el próximo lunes día 20, previsiblemente con la declaración del ex comisario Florencio San Agapito, también acusado. El fiscal sostiene que Román "se concertó" con Roca, San Agapito y Hoffman "para adquirir una determinada parcela sobre la que se conseguiría, con un convenio, un incremento de edificabilidad, con objeto de revenderla, garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado". El precio de la operación fue de 4,3 millones de euros y el perjuicio para las arcas municipales de casi cinco millones, mientras que los acusados lograron un beneficio de más de seis millones.
Román, que fue concejal de 1991 a 1998, explicó en la sesión que tanto los beneficios como los perjuicios de esta operación, que tuvo lugar en septiembre de 2001, dependían "de una palabra que está muy de moda ahora, que se llama mercado y de cómo estuviera en ese momento para ganar mucho, ganar poco o perder dinero", negando una influencia de Roca, en ese momento responsable de la sociedad Planeamientos 2000, en la viabilidad del negocio en cuanto a la obtención de la licencia.
"Ya estaba pactado a través de un convenio y ya existían unos metros, una cantidad impuesta por el señor alcalde Jesús Gil que había que pagar que era 240 millones de pesetas, no dependían los beneficios o supuestos perjuicios de futuro ni del señor Roca, ni de nadie", aseguró a preguntas del letrado de la Junta, personada como acusación popular. Román se enfrenta a una petición de 21 años por delitos contra la hacienda pública y blanqueo, y multa de 14,6 millones.
